Necesarias rectificaciones

Ciertamente para cualquier observador debe resultar difícil de explicar por qué el Presidente Gabriel Boric, cuando el país se encontraba en plena emergencia producto de los incendios en la zona centro-sur del país, decidió abrir el flanco de una nueva regulación para el sector forestal. La forma imprevista en que lo hizo, sin entregar además mayores justificaciones para avalar su planteamiento, produjo roces con los gremios empresariales, generando una innecesaria tensión en circunstancias que se venía dando una admirable cooperación público-privada en el combate a los siniestros. Pero además abrió el apetito para que otros sectores del oficialismo aprovecharan de desplegar sus agendas particulares, como fue el caso de un royalty a la industria forestal, tema que de algún modo terminó siendo alimentado ante la ambigüedad que el propio gobierno mantuvo durante algunos días.

Fue la ministra del Interior la que se encargó de cerrar la puerta a cualquier nuevo royalty que no sea lo que ya está contenido en la reforma tributaria que el gobierno presentó ante el Congreso, donde no figura un nuevo tributo para el sector forestal, dejando esta discusión para una siguiente administración. Si bien esta intervención logró evitar que la polémica continuara escalando, dejó una inevitable sensación de desorden e improvisación. Es el ejemplo más reciente de lo que ya parece un patrón bajo el actual gobierno, en donde la impulsividad y el afán de hacer prevalecer determinadas visiones ideológicas terminan muchas veces chocando con la realidad, lo que, como era de esperar, ha traído como consecuencia un prematuro desgaste del gobierno.

Gobernar un país es una tarea de suyo exigente, particularmente en los tiempos actuales, donde la sociedad se ha hecho cada vez más compleja y la política opera con lógicas de elevada polarización. Bajo este escenario, los gobiernos deben ser conscientes de que las propuestas que se ofrecen al país necesariamente han de armonizarse con dichos preceptos, donde la lógica excluyente, la imposición de una determinada mirada y el simplismo sencillamente no son la forma efectiva de dar solución a los problemas del país. Eso no excluye que cada gobierno persiga legítimamente concretar sus propuestas conforme sus idearios, pero en la medida que se insista en privilegiar solo las miradas propias y perder la conexión con la textura de la realidad el camino se hace más difícil no solo para el gobierno, sino que el costo finalmente lo termina pagando el país completo cuando el ambiente se desordena.

Ha sido evidente que al gobierno de Apruebo-Dignidad le ha costado asimilar este aprendizaje, dejándose muchas veces llevar impulsivamente por sus íntimas creencias ideológicas, sin demasiada capacidad para medir sus implicancias o apelar a los necesarios matices. Plantear un nuevo impuesto a las forestales o dar a entender que estas fueron responsables de los siniestros es un ejemplo de ello, pues dejó la incómoda impresión de una animadversión hacia una actividad del sector privado. Lo propio ocurrió en el caso de la violencia en La Araucanía, donde comenzó prevaleciendo la noción de que no se iba a continuar con la “militarización”, algo que a poco andar tuvo que ser revertido producto del recrudecimiento de los ataques, y ahora el propio gobierno considera fundamental el apoyo militar no solo en dicha zona, sino que incluso busca extenderlo a la custodia de la frontera.

En la polémica entrega de indultos a los “presos del estallido social” se hizo prevalecer una distorsionada manera de entender la “paz social”, a pesar de que varios de los beneficiados tenían un nutrido prontuario policial, y en materia de reformas al sistema de salud cuesta imaginar una solución razonable cuando sectores del gobierno tempranamente establecieron que “la idea es que las Isapres desaparezcan del mapa de la seguridad social”, sin ninguna consideración por los millones de afiliados que han elegido resolver sus necesidades de salud en el sistema privado. En fin, qué decir en el manejo de las relaciones exteriores, donde el desaire hacia el embajador de Israel, el inexplicable retraso para ratificar el acuerdo comercial TPP11 o la intromisión en asuntos internos de Perú, denunciando violaciones a los derechos humanos en momentos de altísima tensión política en dicho país, ilustran las consecuencias de permitir que los impulsos propios desplacen en este caso a las políticas de Estado.

Cuando el gobierno se aproxima a cumplir un año de mandato, es indispensable corregir estas actitudes. La lógica de dejarse llevar por las soluciones simplistas o satisfacer a los grupos de pertenencia debe dar paso a sanos esquemas de cooperación público-privada -en vez de insistir en que el Estado asuma roles hegemónicos- y asumir las responsabilidades del poder con lógicas menos dogmáticas.

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