Necesarias reformas al INDH

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) atraviesa por complejos momentos luego de que la Cámara de Diputados -a instancias de la oposición- activara el procedimiento para destituir a la actual presidenta del organismo, Consuelo Contreras, y al consejero Francisco Ugás. Esto luego de que el INDH decidiera presentar una querella por tráfico de influencias, a propósito de una serie de polémicas por designaciones en la Corte Suprema. Los parlamentarios que buscan la destitución acusan que el INDH carece de facultades para haber presentado esta querella, lo que justifica acusar por notable abandono de deberes. El tribunal acertadamente desestimó tramitar la querella, por estimar que estaba fuera de las competencias del INDH.

Será ahora la Corte Suprema la que deberá pronunciarse sobre la solicitud de destitución, y más allá de cómo esto se resuelva, es inevitable constatar que una vez más el INDH aparece arrastrado a una controversia de carácter político, lo que claramente perjudica la imagen del organismo y desdibuja su razón de ser.

El INDH lleva 14 años de existencia, y parece un hecho que a pesar del largo tiempo transcurrido, la entidad no ha logrado cumplir con su propósito central, que es ser un referente indisputado en materia de derechos humanos, en que todos los sectores políticos y las más diversas miradas se sientan reflejadas en su actuar. La autonomía de la que goza está lejos de haber sido aprovechada para dar una mirada independiente y amplia, y en cambio ha servido como escudo para blindar muchas veces visiones politizadas y reduccionistas sobre cómo entender su papel en la sociedad, así como el ámbito de los derechos humanos. Es tiempo de corregir esto y pensar en reformas que logren que la mayoría de los chilenos vuelva a sentir como propio a este organismo.

Cuando se piensa en el INDH, su rol suele estar asociado a denuncias de represión por parte de agentes del Estado, la violación a los derechos humanos bajo el régimen militar o a determinadas temáticas que reflejan la mirada de un sector. Son temas ineludibles a su quehacer, pero a la vez se lo ve frecuentemente ausente de otros debates que también tienen implicancias para los derechos fundamentales. Este reduccionismo parece ser consecuencia directa de su forma de composición, lo que requiere ser revisado. Integrado por once consejeros, cuatro de ellos son designados por organizaciones ligadas a los DD.HH. A pesar de que el INDH tiene un registro de más de 160 organizaciones, normalmente las que terminan proponiendo candidaturas y logrando que prevalezcan en el consejo son aquellas más ligadas al activismo o asociadas a la defensa de víctimas bajo el régimen militar. Es necesario asegurar que parte de los consejeros respondan a una mayor diversidad; también es relevante que el Presidente de la República y el Congreso, que en total designan a seis consejeros, procuren que los nombres que proponen estén menos vinculados a visiones partidistas.

Para que el actuar del INDH se legitime mucho más también es necesario precisar mejor los bordes de los ámbitos en que puede actuar. La controversia que se acaba de producir a propósito de su improcedente querella recuerda la relevancia de evitar caer en el antojadizo predicamento que parece permear a una mayoría del INDH, en cuanto a que casi cualquier instancia de la sociedad puede ser llevado al plano de los derechos humanos, lo que es un exceso.