Necesidad de un trabajo más prolijo

El proceso constituyente está enfrentando un momento crucial con la presentación de los informes de las comisiones que integran la Convención Constitucional al Pleno, para que se discutan y aprueben por un quórum de 2/3 las normas que formarán parte de la propuesta de Carta Fundamental que debe entregar al Presidente de la República. Salvo que se solicite extender el plazo por tres meses más, como se empieza a sugerir por parte de algunos convencionales, el texto debe estar concluido el próximo 4 de julio, para que luego sea sometido a la decisión ciudadana en un plebiscito de salida de carácter obligatorio.

El gran apoyo que tuvo la opción del Apruebo en el plebiscito de octubre de 2020, de casi un 80%, claramente reflejó que un amplio sector del país quería cambios por esta vía. Pero ello no es razón para que el proceso no se diera dentro de un marco de razonabilidad y perfección técnica. Eso, sin embargo, no parece haberse tenido en cuenta por algunos convencionales a la hora de aprobar propuestas en las comisiones que han recibido rechazos contundentes de parte del Pleno. No tiene otra explicación, por ejemplo, que la semana pasada, de los 40 artículos presentados por la Comisión de Medio Ambiente se aprobaran seis en general, y posteriormente en particular, solo un inciso haya contado con el apoyo requerido del Pleno. O que este jueves en la de Derechos Fundamentales, materias tan relevantes como el derecho de propiedad no obtuvieron la votación necesaria.

Sin una mayor prolijidad de la redacción de las propuestas que se están presentando, de la precisión de las palabras que se utilizan y de una adecuada evaluación de los alcances de las normas, se puede terminar comprometiendo la posibilidad de cumplir dentro de los plazos establecidos con una propuesta de texto constitucional para proponer a la ciudadanía. En ese sentido, la declaración de un convencional señalando que mejorarán las normas -a propósito del derecho de propiedad- y presentarán “un trabajo a la altura de nuestra responsabilidad y que generen consenso suficiente”, es bienvenida, aunque debiera haber sido siempre la condición basal del trabajo de todos los convencionales.

De igual manera, es esencial buscar acuerdos amplios que permitan avanzar en el trabajo de la Convención Constitucional, generando propuestas que cuenten con más posibilidades de lograr el apoyo necesario en el Pleno. Entorpecerlo con aquellas que solo reflejan un radicalismo refundacional de corta mirada o dan cuenta de gustos personales o eslóganes que no solo escapan de lo que debe ser una Carta Fundamental, sino que invaden espacios que son más propios de materias de ley o competencia de los poderes del Estado, resulta improductivo. Además, implica un desperdicio de tiempo, de por sí bastante acotado, con que cuenta la Convención para el análisis de propuestas -en este caso- inconducentes. Todo ello ha llevado a extender su carga de trabajo, lo que redunda a su vez en una menor calidad de lo que se está presentando ante el Pleno.

Más allá de la autonomía de la que goza la Convención, ésta no puede estar ajena a las preocupaciones que ha ido manifestando la ciudadanía, cuya confianza en el resultado de esa instancia ha venido bajando sostenidamente. Son muchas las voces que dan cuenta de efectos negativos de ciertas iniciativas sobre la integración y unidad del país, el desarrollo, la incertidumbre para la inversión, la igualdad ante la ley y la responsabilidad internacional. Todas apreciaciones que no pueden ser obviadas, ya que será precisamente la ciudadanía la que deberá aprobar o rechazar la propuesta. Lo deseable sería que la Convención no comprometiera la posibilidad de lograr en el plebiscito de salida un amplio respaldo para dar una mayor estabilidad institucional al país.

Como señaló otro convencional a propósito del rechazo a las normas del derecho de propiedad: “la Convención no necesita más plazo, necesita hacer bien la pega”, una afirmación que resume lo que aspira el país. Solo un trabajo bien hecho, con sentido de realidad, y que convoque a todos, sin exclusiones, permitirá representar a un espectro más amplio del país. Por ello, en lugar de tener más tiempo, es necesaria una mayor disposición a la búsqueda de acuerdos para poder elaborar así una mejor propuesta constitucional.