Negociaciones para retomar el proceso constituyente
Las normas que rigieron el anterior proceso ya caducaron con el reciente plebiscito, por lo que el Congreso debe abocarse a resolver ahora con total independencia cuál es el mejor camino para proseguirlo, teniendo presente los aprendizajes del caso.
La semana anterior tanto el gobierno como los partidos políticos dieron inicio a las negociaciones para retomar el proceso constituyente, luego del aplastante rechazo de que fue objeto la propuesta de la Convención Constitucional. Se observó en general un clima positivo, particularmente por el hecho de que se acordó que las tratativas quedarían radicadas en el Congreso, lo que supone desde ya dos importantes avances: es acertado que el gobierno deje este proceso en manos de los políticos y se dedique a gobernar; así también que la sede parlamentaria vuelva a recuperar el sitial que le corresponde en la democracia, como el espacio por excelencia para forjar grandes acuerdos.
Pese a este buen clima, han comenzado a surgir las primeras diferencias entre las fuerzas políticas -incluso al interior de los propios conglomerados- respecto de cuál debería ser el camino para llegar a una nueva Constitución, pues mientras un grupo se inclina por la instalación de una nueva Convención, que parta nuevamente de una “hoja en blanco”, otros abogan por que sea una comisión de expertos -que podría ser elegida en proporción a la representación parlamentaria de los partidos-, en tanto también hay voces que proclaman que el nuevo texto debería ser elaborado directamente por el Congreso. Se observa asimismo una cierta ansiedad en algunos para que estos acuerdos se alcancen a la brevedad posible, a fin de transmitir la señal de que el proceso no ha perdido fuerza.
En esto, es importante tener presente que dos son los compromisos que deben ser honrados: la dictación de un nuevo texto constitucional, y que éste refleje mucho mejor las diversas miradas en la sociedad, alejándose de los maximalismos que llevaron al fracaso del anterior texto. Esto requiere extraer los aprendizajes del caso, a fin de no repetir los mismos errores, y por cierto demanda que exista un amplio espacio de negociaciones, lo que necesariamente implica tomarse un tiempo; de allí que no resulta aconsejable acelerar definiciones con el solo propósito de transmitir un sentido de urgencia. El acuerdo del 15-N se hubo de adoptar bajo presión extrema y sin tiempo para pulir los detalles; pero hoy, cuando la ciudadanía votó por otro proceso, hay más holgura y calma para la discusión.
El marco en que tendrán lugar las negociaciones debe considerar que las bases sobre las que se construyó el anterior proceso constituyente expiraron definitivamente con el plebiscito de salida. Aquel proceso se estructuró en torno a una Convención íntegramente electa, sin la presencia de parlamentarios, hoja en blanco y conformada con listas de independientes. Estos presupuestos ya no son mandatorios y es tarea del Congreso abocarse a diseñar con total independencia el mejor mecanismo posible, recogiendo los aprendizajes y buscando los caminos que aseguren un texto representativo. Si en definitiva se opta por una nueva Convención, es indispensable no amarrarla a las mismas reglas de la anterior, que llevaron a su fracaso, en tanto que si se elige radicarlo en manos de expertos -opción que por lo visto encuentra cierto respaldo ciudadano-, debe asegurarse una adecuada representación de la mayor parte de los sectores.
La ciudadanía ha vuelto a revalidar el rol de los políticos en el proceso constituyente, por lo que cabe que este voto de confianza no se dilapide en discusiones torpes o en posturas intransigentes.
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