Negociaciones por salario mínimo

A fines de marzo, los ministerios de Hacienda y Trabajo, junto a representantes de la CUT, iniciaron el diálogo de cara a la negociación del reajuste al Ingreso Mínimo Mensual (IMM), más conocido como salario mínimo.

En Chile, según un informe realizado en 2021 por Hacienda, el 17% de los trabajadores formales reciben el IMM de $410 mil mensuales. Aproximadamente 3 de cada 4 personas que lo reciben trabajan en micro, pequeñas y medianas empresas, en tanto que a nivel nacional existe alta heterogeneidad regional en la proporción de trabajadores que reciben el IMM, desde un 10% en Antofagasta hasta un 23% en la Región de Ñuble.

Cabe recordar que producto del último acuerdo alcanzado en IMM, este pasó de $350 mil a $410 mil en doce meses, es decir, un incremento nominal de 17,1% (o bien, 4,8% real). La CUT ha manifestado su intención al gobierno de adelantar el incremento del IMM a $500 mil, que es 22% superior al IMM actual.

La pregunta que surge del inicio de esta negociación es si prevalecerán los elementos técnicos o políticos en un potencial acuerdo de la CUT con el gobierno. Si en Chile existiera una instancia netamente técnica como en Australia para fijar el IMM (Fair Work Commission), esta comisión estaría observando respecto de la última negociación principalmente la evolución de la tasa de desempleo y de creación de nuevos empleos, la evolución de las remuneraciones reales y de la productividad, la proyección de inversión privada (no minera), así como la evolución y proyección de inflación anual.

En Chile, la tasa de desempleo alcanzó su nivel más alto desde septiembre de 2021, y la creación de empleos privados en doce meses se redujo a la mitad; las remuneraciones reales han caído, la productividad sigue siendo un lastre para el crecimiento y se espera este año una caída de la inversión privada con perspectivas negativas hacia adelante. Por su parte, la inflación a diciembre se estima que alcance 4,6 puntos porcentuales, esto es, 8,2 puntos porcentuales inferior al cierre de 2022. En función de este panorama, se podría anticipar que una instancia técnica definiría un reajuste del IMM bastante más moderado que el año anterior.

Se sabe que los costos de una mala decisión lo terminan pagando como siempre los trabajadores menos calificados, que ejercen sus labores en las empresas de menor tamaño; que no basta con compensarlas con subsidios, porque a la larga terminan inhibiendo lo más importante, su crecimiento, para evitar perder los beneficios.

Nuestro país debería avanzar hacia institucionalizar la negociación del IMM, con el objeto de minimizar que la afinidad política del gobierno con las partes negociadoras, las presiones políticas y/o promesas de campaña, no ponderen adecuadamente los elementos técnicos que deben estar presentes en una adecuada discusión del IMM. La CUT, por su parte, debería ajustar sus pretensiones a la realidad de la economía y del mercado laboral, como el gobierno respecto de las señales que entrega al sector privado durante el proceso de negociación. Si bien alcanzar los $500 mil es parte del programa de gobierno, también lo es que estos programas se deben ajustar a la realidad económica y del mercado laboral del país.