No es un texto ideal, pero lo mejor es contar con una nueva Constitución

El escenario que hoy enfrenta la ciudadanía de cara al próximo plebiscito constitucional es, qué duda cabe, muy distinto al que se vivió el año pasado. El 4 de septiembre de 2022 los chilenos debían pronunciarse sobre un texto profundamente refundacional. Era sin duda un peligroso salto al vacío, y así lo entendió la mayoría de los chilenos, rechazando de forma rotunda dicha propuesta. Esta vez, cuando estamos a dos semanas de volver a las urnas para dirimir sobre la propuesta del Consejo Constitucional, no hay riesgos semejantes. Esto porque el texto propuesto por el Consejo, más allá de las legítimas discrepancias sobre algunos de sus contenidos, se aleja de visiones refundacionales, manteniendo la tradición constitucional chilena; en tanto, de triunfar la opción “En contra” se mantendrá rigiendo la actual Constitución, que a pesar de que ha sido vilipendiada por sectores de izquierda, ha sido la base de nuestro devenir y desarrollo en las últimas décadas.

La disyuntiva entonces es dirimir bajo cuál de las dos opciones se cierra mejor este ya largo proceso, pues está claro que prolongar la incertidumbre solo daña al país. En esa óptica, aunque la opción “En contra” resulta perfectamente legítima, es la opción “A favor” la que asegura mejor los objetivos buscados en este proceso, que ante todo es contar con un texto que, además de incuestionable en su legitimidad de origen, brinde suficiente estabilidad a las normas constitucionales y se haga cargo de una serie de materias que la actual Carta no aborda, algunas de las cuales -en particular lo referido a la gobernabilidad- son fundamentales para la salud de nuestra democracia.

Ciertamente cabe lamentar que en el Consejo no se haya logrado un texto que despertara el consenso mayoritario, como sí ocurrió con el anteproyecto de los expertos, pero lo más relevante es poner atención en los avances que sí se lograron en esta propuesta constitucional, varios de los cuales de hecho fueron fruto de acuerdos transversales en la Comisión Experta. En ese orden de cosas, probablemente el logro más importante es que introduce normas específicas y perentorias para comenzar a reparar nuestro dañado sistema político, donde desde hace algunos años la gobernabilidad es cada vez más difícil, lo que ha afectado a administraciones de distinto signo.

Hay un amplio consenso en cuanto a que la existencia de una veintena de partidos políticos con representación en el Congreso, además de la proliferación de “díscolos”, han tornado muy difícil lograr acuerdos en las más diversas materias. Al colocar el nuevo texto un umbral de votación de 5% a los partidos que aspiren a tener representantes en la Cámara de Diputados -un piso que se irá implementando gradualmente-, lo esperable es que los partidos comiencen a aglutinarse en colectividades más grandes y con mejor base de representación, poniendo coto a la fragmentación. Esto a la larga debería facilitar las negociaciones políticas para alcanzar acuerdos. La propuesta contempla, además, sanciones a los parlamentarios “díscolos”, y reduce el número de diputados a 138. Es iluso pensar que si el texto se rechaza, una reforma de este tipo sería asumida por el Congreso, es decir, por los propios incumbentes, pretendiendo que éstos renuncien a sus propios privilegios.

Tampoco se debe perder de vista que el nuevo texto incorpora doce bases que fueron fruto de un amplísimo acuerdo político en el Congreso, y que su estructura fundamental proviene del anteproyecto de los expertos, lo que refuta la idea de que es la “Constitución escrita por la derecha”, sin perjuicio de que hay contenidos que la mayoría de derecha hizo valer en el Consejo.

Quienes promueven la opción “En contra” advierten que de aprobarse el nuevo texto habrá que embarcarse en extensas discusiones legislativas para adaptar las leyes a la nueva Constitución, con lo cual el proceso no se cerraría. Esto claramente resulta un argumento falaz, porque desde que se inició el proceso constituyente siempre se partió de la base que de aprobarse un nuevo texto iba a ser necesario adecuar las normas o crear otras. Se menciona asimismo que la nueva Carta tampoco cierra el debate constitucional, porque al no ser un texto de consenso seguirán presentes los incentivos para reformarla. Pero lo cierto es que para efectos de asegurar la estabilidad de las normas constitucionales -algo fundamental para cualquier democracia- es muy distinto reformar un texto que viene precedido de una serie de acuerdos, centrando los futuros cambios en determinados contenidos, que volver a la alternativa donde lo previsible es que, tarde o temprano, vendrá un incierto tercer proceso constituyente, porque las fuerzas más extremas no han renunciado al objetivo de reemplazar el actual texto.

Fundamental es tener presente que el nuevo texto, al subir los quórum de reforma a 3/5, contribuye a dar más estabilidad a las normas constitucionales que la actual Carta; esto porque a partir de reformas introducidas en 2022 el quórum se rebajó a 4/7, lo que además de alejarse del estándar internacional -que por regla general considera barreras más exigentes para reformar una Constitución-, la deja mucho más expuesta a los vaivenes de las mayorías transitorias.

Los partidarios de rechazar la propuesta también intentan persuadir al electorado de que en realidad la actual Carta Fundamental se trata de la “Constitución de Lagos”, sin enclaves autoritarios, como forma de allanar el voto “En contra”, pero eso claramente no resulta creíble, porque la campaña que en particular los sectores de izquierda enarbolaron a lo largo de todos estos años apuntó a reemplazar un texto que consideraban “ilegítimo” y “neoliberal extremo”. Si tal predicamento de legitimidad fuese cierto, no estaríamos discutiendo ahora el cambio de Constitución. El nuevo texto, en cambio, termina de una vez con el debate de la legitimidad de origen, pues fue íntegramente redactado en procesos democráticos.

Es cierto, el texto que se nos propone no es ideal; es demasiado extenso, contiene una serie de disposiciones que no son propias de una Constitución -como por ejemplo aspectos del sistema tributario- y abrió flancos innecesarios, como el aborto en tres causales, lo que en todo caso no excusa para montar campañas de desinformación que aseguran que en este ámbito habrá un retroceso, cuando es algo que en todo caso deberá resolver el Congreso. Aun así, de lo que no cabe duda es que va en la línea correcta de resolver la inestabilidad de las normas constitucionales, y se hace cargo del problema de la gobernabilidad. Cierra por lo tanto de mejor manera un proceso que ya se extiende por demasiado tiempo, y que es necesario concluir en bien del país.