Notarías: una reforma que no se puede dilatar

El ministro de Justicia, Luis Cordero, señaló recientemente que “sería impresentable seguir postergando la reforma al sistema de notarios”, una necesidad que se ha hecho evidente tras varias décadas de vigencia del actual sistema. Si bien este ha contribuido a la seguridad jurídica de distintos actos y transacciones, evitando conflictos judiciales y entregando medios probatorios de indudable calidad, hoy la mayor complejidad de los asuntos privados y públicos, y la necesidad de una mejor y más rápida respuesta, demandan una modernización que nadie discute, más aún, considerando las posibilidades que ofrecen los cambios tecnológicos y la urgencia de mejorar la cobertura del servicio.

Desde 1994 se han presentado 24 iniciativas, entre proyectos y mociones, para reformar el sistema, entre las cuales destaca la presentada por la anterior administración en 2018, que recogía propuestas hechas anteriormente. Ese proyecto, sin embargo, permanece sin avances desde hace tres años en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, pese a las advertencias hechas en un informe de la Fiscalía Nacional Económica, publicado ese mismo año, sobre las falencias del sistema y la necesidad de hacer una reforma que favorezca la “productividad y competitividad del país”; aspecto especialmente relevante, que vuelve a recoger la agenda de productividad del actual gobierno, al incorporar la “desnotarización” y la digitalización dentro de los ejes principales sobre los cuales se trabajará para revertir la caída registrada en los últimos años.

Si bien el resguardo de la fe pública es siempre necesario, la excesiva “notarización” de las actividades -se consignaban en un minuto 205 trámites o servicios que requerían de esa autorización, sin contar con un sinnúmero de exigencias a nivel administrativo-, ha llevado a que se transforme en un obstáculo para un más fácil desarrollo del quehacer diario de personas e instituciones. Por ello, es urgente retomar la discusión para avanzar en un mejor uso de las herramientas tecnológicas que den las necesarias garantías, descomprimiendo así el requerimiento notarial de trámites que perfectamente pueden hacerse en otras instancias.

Por otra parte, y tal como lo señala el mensaje del referido proyecto, es importante disminuir los niveles de discrecionalidad en la designación de quienes ejercerán esas funciones, incorporando mayores espacios de transparencia en el proceso y de exigencias a quienes postulen, atendida una historia donde ciertos parentescos han despertado suspicacias. A su vez, es necesario avanzar en una mayor competencia para mejorar el servicio, reduciendo costos e impulsando un uso más eficiente de la tecnología, para facilitar así el acceso de los usuarios a los trámites requeridos.

Que haya consenso con el Poder Legislativo sobre la necesidad de abordar el tema y que el gremio haya manifestado su voluntad de sumarse son señales positivas. Es de esperar que efectivamente ahora la oportunidad no se desaproveche y tengamos un sistema que responda adecuadamente a las necesidades de seguridad, pero también de la agilidad y flexibilidad que demanda el actual desarrollo de actividades personales, profesionales y comerciales.