Nueva caída en ranking de libertad económica

La nueva caída que Chile exhibió en el último ranking sobre libertad económica que prepara The Heritage Foundation -donde se miden un total de 177 países en 12 categorías- ha confirmado la trayectoria declinante que se observa desde hace algunos años, y ello naturalmente enciende luces de alerta. Con todo, el hecho de ocupar el lugar 20 a nivel general -a mucha distancia del país sudamericano que le sigue, Perú, en el lugar 51- también indica que continúan existiendo importantes fortalezas que deben ser cauteladas y reforzadas.

El informe muestra con preocupación que la libertad económica en 2021 experimentó un retroceso generalizado alrededor del mundo -cuyo puntaje general apenas coloca al planeta en la categoría “moderadamente libre”, muy cerca de caer al escalón de “principalmente no libre”-, donde probablemente uno de los casos más llamativos es el de Estados Unidos, que se desplomó cinco lugares -para caer a la posición 25, su peor registro en la historia del ranking-, en especial por el dramático empeoramiento de la salud fiscal del país, ello debido al creciente déficit y el aumento en el tamaño de la deuda.

En ese marco, las cifras que exhibe Chile no se ven dramáticas, pero claramente debería ser materia de preocupación que el país ya no esté exhibiendo mayores progresos en un ámbito como la libertad económica, variable fundamental para que los países progresen y la población acceda a mejores estándares en calidad de vida. Hace poco más de una década la economía logró sus mejores registros, pero a partir de ahí ha venido decayendo -con algunas excepciones en 2019 y 2020-, lo que ciertamente no puede considerarse satisfactorio.

Los retrocesos en la salud fiscal y en la libertad de comercio aparecen como algunos de los principales factores que explican la pérdida de puntaje, a lo que cabe añadir la mayor debilidad que también se observa en materia de libertad laboral. Si bien estos aspectos ya habían sido advertidos en informes anteriores, su relevancia no parece estar siendo aquilatado a juzgar por la desaprensión con que muchos políticos y parlamentarios comprometen cada vez mayor gusto público, con el consecuente aumento de la deuda pública y también en la carga tributaria.

En un tema central como son los derechos de propiedad y la seguridad jurídica, el informe entrega valiosas luces a propósito del actual debate constituyente, donde en las últimas semanas han surgido preocupantes señales desde ciertos sectores de la Convención, que apuntan a socavar estos aspectos fundamentales. El documento reconoce que Chile cuenta con un sólido marco jurídico, donde los derechos de propiedad por lo general son respetados. Los derechos sobre los bienes inmuebles son reconocidos -dice el informe- y por lo general se hacen cumplir, siendo las expropiaciones algo inusual. Asimismo, se destaca que el sistema judicial es independiente y muestra competencia en el resguardo de los derechos que emanan de la propiedad y los contratos. Estos sin duda son activos esenciales de la economía chilena que deben ser preservados, en especial porque una vez deteriorados su impacto es sistémico.