Nuevas medidas para combatir el delito

El Presidente de la República anunció que se ingresaron a tramitación legislativa cuatro iniciativas de ley destinadas a fortalecer la persecución penal, las cuales abarcan materias como la ampliación del delito de extorsión, reforma al porte de armas, establecimiento del tipo penal del sicariato y el agravamiento de penas por el delito de secuestro.

De acuerdo con lo explicado por el Ejecutivo, en lo que se refiere a extorsión el proyecto del Ejecutivo apunta a mejorar la seguridad en las cárceles, considerando la penetración de organizaciones delictivas en establecimientos penitenciarios. En materia de sicariato, se busca tipificar la conspiración para cometer el delito de homicidio calificado por premio o promesa remuneratoria, tal que se sancionará con una pena que va de tres a cinco años a quienes, sin cometer el delito, acuerden su realización. En cuanto al secuestro, se agrava el tipo penal cuando el delito tenga una duración de más de 48 horas, mientras que en lo referido a la ley de armas, la iniciativa del gobierno agrava las penas de los delitos de porte de armas y otros artefactos, eliminando el piso inferior de penalidad para el delito de porte ilegal de armas en lugares altamente concurridos.

Las propuestas que ha hecho el gobierno parecen en general bien orientadas, y se hacen cargo de la realidad delictual que enfrenta el país, donde en años recientes se ha visto un incremento de prácticas que resultaban muy inusuales en nuestro medio. Por de pronto, se ha visto un preocupante aumento del delito de homicidio, donde en la mayor parte de los casos no hay imputado conocido y su ejecución es mediante armas de fuego. Hay presunción de que ello está directamente ligado a la presencia del crimen organizado, fenómeno que podría explicar por qué el secuestro, la extorsión o el sicariato comienzan a aumentar su frecuencia.

Los datos de la PDI muestran un aumento del delito de secuestro, en donde se aprecia que en general es cometido por bandas dedicadas a este tipo de prácticas, observándose un incremento en el número de extranjeros involucrados. Una tendencia similar parece desprenderse en el caso del sicariato, donde si bien los casos siguen siendo limitados respecto a la realidad que se observa en otros países, es altamente preocupante que cada vez sea más frecuente lo que parece ser el asesinato por encargo. La propia Corte Suprema había alertado acerca de la posibilidad de que podría estar incubándose una industria dedicada a este flagelo.

Estos antecedentes justifican que la herramienta penal también se actualice y la sanción vaya acorde a la gravedad de los hechos cometidos, más allá de que si bien las penas más altas en sí mismas podrían no ser un disuasivo suficiente, son un aspecto fundamental en la persecución del delito.

El hecho de que existan mociones parlamentarias que también apuntan a endurecer las penas en algunos de los delitos que tratan los proyectos del Ejecutivo -es el caso del sicariato-, dan cuenta de que hay una necesidad de abordar estos temas. Con todo, la proliferación de iniciativas sugiere que ya sería el momento de empezar a abocarse a dictar un nuevo Código Penal, que se haga cargo integralmente de la realidad delictual del siglo XXI, en vez de estar en estos constantes parches.