Nuevo escenario tras cuenta pública presidencial

Había expectación por lo que el Presidente pudiera anunciar en su segunda cuenta pública, considerando que desde junio del año pasado -cuando ni siquiera habían transcurrido tres meses de mandato- el país se ha visto enfrentado a una serie de hechos que han marcado profundamente la escena política: el oficialismo ha enfrentado dos enormes derrotas electorales, con un claro predominio de las fuerzas de derecha; el crecimiento económico ha caído en zona roja; se ha iniciado un nuevo proceso constituyente y la delincuencia así como la inmigración irregular se han transformado en algunas de las principales preocupación de los chilenos.

En este complejo contexto, el Mandatario trazó una serie de definiciones que marcarán el rumbo que seguirá el gobierno. Así, en lo que fue la cuenta pública más extensa desde 1993 -algo totalmente innecesario, y que además se prolongó en la cadena nacional que vendría en la noche- se delineó lo que aparece como un nuevo relato, reordenando las prioridades pero sin renunciar a los principios, donde claramente se puede apreciar un fuerte énfasis en las materias relativas a la seguridad y el orden público, aspectos a los que destinó extensos pasajes. Y aunque en apariencias no ha renunciado a la concreción de algunas de sus promesas electorales más simbólicas, como la condonación del CAE, saldar la “deuda histórica” con los profesores o seguir extendiendo la red de ferrocarriles, esta vez no hubo señales de una agenda refundacional o el pretender rescatar lo que fue su programa original, como lo estaban solicitando algunos sectores de su coalición.

Es desde luego valioso que en un ambiente político complejo el Mandatario haya tenido un tono sereno, conciliador, en tanto que la defensa que hizo de la democracia así como de la vigencia universal de los derechos humanos constituyen definiciones que fueron ampliamente reconocidas. Muy ilustrativo del tono con el que al parecer pretende impregnar su mandato es la dura crítica que formuló a la ex Convención Constitucional y su propio mea culpa -”debimos haber sido más firmes ante las señales de alerta, promovido y exigido mayor diálogo y consenso transversal tanto dentro de la Convención como en la sociedad”- así como su llamado a cuidar el nuevo proceso constituyente.

El cambio de relato en materia de seguridad ha sido evidente, donde desde luego el Mandatario reconoció la labor que han desempeñado Carabineros y la PDI -recordando los nombres de cada uno de los mártires que se han registrado en el último tiempo- como también el rol de las Fuerzas Armadas. Cuestionó duramente el actuar de los “overoles blancos” y el lanzamiento de bombas molotov en las protestas estudiantiles, cuestiones a las que si bien ya se había referido con anterioridad, el que hayan quedado plasmadas en la cuenta pública tienen una significancia que trasciende lo simbólico, a lo que se suma una serie de proyectos de ley para combatir el delito.

Señal relevante es que la gravísima situación que vive la Macrozona Sur haya estado presente esta vez, donde sin referencias a visiones idealistas -decidor es que ya no se hable del “Wallmapu”- reiteró que allí están ocurriendo actos terroristas. Por lo mismo, se echó de menos que el jefe de Estado no detallara medidas más concretas de cómo se pretende enfrentar esta situación, que por sus implicancias supone un riesgo potencial para todo el país.

Pese a los aciertos, esta cuenta pública tuvo también omisiones importantes, particularmente en lo relativo al ámbito económico, donde hubo escasos anuncios. Sorprende que cuando el crecimiento ha entrado en terreno negativo, el desempleo va en aumento y el crecimiento potencial se observa muy debilitado en los años venideros, no se hayan visto anuncios concretos o una agenda procrecimiento robusta. Este tipo de temas -economía estancada y pérdida de puestos de trabajo- son también una prioridad para la sociedad, pero no es tan claro que el gobierno lo esté entendiendo así, sin perjuicio de que cabe valorar la apertura que mostró el Mandatario para avanzar en la reforma previsional, donde aseguró que “todos tendremos que ceder” y aceptar “fórmulas híbridas”.

Probablemente el aspecto de la cuenta que mayor polémica trajo fue que el jefe de Estado condicionó la realización de una serie de reformas -entre ellas la condonación del CAE o seguir reduciendo las listas de espera en salud- a que el Congreso apruebe la reforma tributaria. Esta pertinacia, además de estar dando cuenta de que no parece haber mayor disposición para seguir avanzando en recortes al gasto público y buscar espacios de eficiencia, también podría estar sugiriendo una sutil forma de renunciar de antemano a contenidos esenciales de su programa, pues en el gobierno hay claridad de que dicha reforma no cuenta con los votos y es una jugada demasiado obvia el pretender trasladar al Congreso la responsabilidad por el no cumplimiento de reformas prometidas en campaña. En la práctica se está regalando a la oposición una suerte de “bala de plata” para negociar cualquier reforma, o para sepultar al gobierno, lo que podría estar anticipando cambios en la estrategia seguida hasta ahora.