Nuevos criterios para actividades esenciales

El gobierno ha anunciado que a la brevedad publicará una determinación exacta de aquellos bienes y servicios que son considerados “esenciales”, ello, como reacción ante las denuncias de una serie de empresas que han cambiado recientemente sus giros para poder seguir operando en zonas de cuarentena. Estos hechos no solo han motivado la apertura de múltiples sumarios, sino también se indagarán eventuales responsabilidades penales, a través del Ministerio Público.

Es evidente que ante el crítico momento por el que atraviesa el país, producto de la pandemia de coronavirus -Chile ya se ubica en el séptimo lugar de países con más contagios en el mundo-, se requiere un estricto cumplimiento de los protocolos sanitarios y reducir la movilidad dentro de la ciudad, de tal manera de contener la propagación del virus. En ese sentido, es acertado que la autoridad fiscalice con mayor celo que los permisos solicitados por las empresas correspondan fielmente a su giro, ya que además de constituir una grave infracción en caso de falsear la realidad, es posible que a la luz de la gran cantidad de empresas y personas autorizadas para trabajar -unas 180 mil firmas, y más de tres millones de trabajadores-, no todas esas actividades respondan al concepto de esencial.

Cabría esperar, sin embargo, que la autoridad pueda ir un paso más allá y sea capaz de brindar una solución más global, capaz de conjugar los acuciantes objetivos sanitarios con la necesidad de mantener cierto nivel de actividades en pie, considerando que los efectos sociales y económicos ya están resultando devastadores. Dicho objetivo probablemente no se verá satisfecho si las medidas únicamente se limitan a establecer un listado de productos que pueden ser distribuidos a través de servicios de delivery, pues será un diseño incompleto.

Por ello parecería preferible comenzar a atender a otros criterios que podrían armonizar mejor con los objetivos antes expuestos. En ese sentido, en la medida que existan actividades que cumplen rigurosamente con los estándares sanitarios y son capaces de asegurar que sus trabajadores no están corriendo riesgos, pues cuentan con todas las medidas de seguridad requeridas, la autoridad debería aplicar criterios más flexibles y permitir su operación, siempre bajo estricta fiscalización.

No cabe perder de vista que así como las instrucciones impartidas por la Dirección del Trabajo han sido claras en cuanto a que los trabajadores no están obligados a concurrir a su lugar de trabajo si detectan que hay situaciones de riesgo -sin que ello pueda importar menoscabo alguno para ellos-, hay otros grupos que probablemente desean tener la posibilidad de seguir trabajando, algo que la autoridad no debería impedir si se dan las condiciones que lo permitan.

Después de todo, esta será la forma en que las actividades económicas deberán desempeñarse una vez que pase lo peor de la pandemia. Muy pocos rubros -quizás ninguno- podrá operar con normalidad durante un tiempo prolongado, por lo que puede ser útil empezar a evaluar desde ya experiencias que permitan aprendizajes para lo que viene.