Oportunidad para un acuerdo social y económico

Tras muchas fricciones, el gobierno busca un acuerdo con las fuerzas opositoras para acotar el debate sobre el contenido, magnitud y oportunidad en que deben comprometerse los recursos fiscales para enfrentar la pandemia, y lograr un avance más expedito en los apoyos necesarios. En este contexto, algunos analistas, economistas de las principales universidades del país, y otros aunados por el Colegio Médico, han promovido que se aumente el gasto fiscal para enfrentar la crisis en el orden del 4% a 5% del PIB y que esto se haga según un plan definido y comprometido, que abarque el año o año y medio que tomaría dejar atrás la pandemia, para evitar el “goteo” de medidas y recursos que mantiene incertidumbre en la población.

En esta discusión es importante considerar que, en la última década, que finalizó en crecimiento muy pobre, el país se encaminó a un aumento persistente del peso del sector público en la economía. Ese bajo crecimiento, además de otros factores, influyeron para activar en 2019 una crisis social que trajo nuevas demandas por apoyo fiscal y puso aún más presión sobre las finanzas públicas. Ahora, con la pandemia, se anticipa que nuestro país se enfrenta a una grave caída de la producción, a una recuperación que tomará años y a fuertes necesidades fiscales en esa transición.

El país debe aspirar a salir de sus graves dificultades actuales y retomar el progreso para su población. Pero lograrlo depende esencialmente de que se logre volver a incentivar la inversión privada para potenciar el empleo, lo que supone límites claros y creíbles a los impuestos y por ende al gasto público. Es dudoso que el cuadro político que develó el estallido social permita acometer el conjunto de correcciones que darían viabilidad a una política tributaria conducente y a la disciplina fiscal que debería estabilizar la deuda pública tras el período de excepción en que nos encontramos. Lo que sí es claro es que avanzar en ese propósito depende de que se logre una conciencia ampliamente compartida de la estrechez de recursos fiscales que el país va a enfrentar y de la importancia de comenzar, desde ahora, a ser extremadamente estrictos al definir cómo y cuánto gastar con cargo al fisco.

Puede que un 4% a 5% del PIB de gasto fiscal adicional a lo comprometido tenga cabida en el contexto de una estrategia bien definida y consensuada para superar la coyuntura actual y asegurar que se restablezca el crecimiento en Chile. A la luz de ello, cobra importancia el que los ministros del Interior y Hacienda -mandatados por el Presidente de la República para lograr un acuerdo nacional que permita enfrentar los graves efectos sociales y económicos que ha provocado la pandemia- iniciaran ayer conversaciones con los partidos del oficialismo y de la oposición, donde parece existir voluntad para alcanzar algún tipo de entendimiento. Constituiría un logro importante que se alcanzara un consenso en torno a mecanismos que permitan ir en ayuda de quienes lo necesitan, pero procurando cuidar la estabilidad fiscal e introducir aquellos incentivos que permitan recuperar la inversión. No se ve sencillo, pero la política no debería dejar pasar esta oportunidad.