Órdenes de arresto contra Netanyahu y Hamas

Transcurridos más de siete meses desde que el grupo terrorista Hamas atacó Israel -lo que dejó un saldo superior a las mil víctimas fatales y más de 250 secuestrados, motivando una durísima respuesta del Estado israelí sobre Gaza- el conflicto experimentó un inesperado giro, luego de que el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) solicitara al tribunal emitir órdenes de arresto en contra del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el ministro de Defensa, así como contra tres integrantes de la cúpula de Hamas. Netanyahu y el titular de Defensa son acusados de siete crímenes de guerra y lesa humanidad, incluyendo exterminio y asesinato, además de inanición de civiles como método de guerra. La cúpula de Hamas, en tanto, está acusada de planificar y ejecutar ocho crímenes de guerra, entre ellos tortura, secuestro y violación.

La decisión de la Fiscalía -que no es inédita en cuanto a solicitar órdenes de arresto contra gobernantes en el poder, tal como ya ocurrió con el líder ruso Vladimir Putin- ha generado encontradas reacciones en la comunidad internacional. El Presidente de Estados Unidos calificó esta decisión como “vergonzosa”, insistiendo en su postura de que Israel no está cometiendo actos de genocidio, en tanto que países como Francia y Bélgica respaldaron el actuar de la fiscalía, bajo el entendido de que se trata de un organismo autónomo.

Quienes han cuestionado el accionar de la Fiscalía han hecho ver que resulta completamente improcedente que el organismo ponga en el mismo nivel a un grupo terrorista que a un jefe de gobierno electo democráticamente y que está emprendiendo legítimas acciones de defensa.

Desde que tuvo lugar el ataque de Hamas, el mundo ha podido tomar conciencia acerca del enorme riesgo que una organización como esta representa para la paz internacional así como los niveles de crueldad a los que está dispuesta a llegar para cumplir con sus objetivos, por lo que existe un amplio acuerdo en la necesidad de neutralizar a dicho grupo. Pero a la par también se ha podido constatar que la respuesta israelí a la agresión ha terminado excediendo los marcos de lo aceptable, lo que ha devenido en que Gaza haya terminado siendo arrasada, con enorme sufrimiento para la población civil. Cifras provenientes de Gaza contabilizan en más de 35 mil las víctimas fatales en la franja -con alta proporción de menores de edad- y sobre 78 mil heridos, en tanto que Naciones Unidas ha advertido reiteradamente acerca de las condiciones límites en que se encuentra la población, con inminente riesgo de hambruna, padecimiento de enfermedades y millones de desplazados.

Es a la luz de estos antecedentes que la acción de la Fiscalía de la CPI aparece plausible, porque los antecedentes que se han acumulado configuran situaciones gravísimas que demandan ser investigadas en profundidad y responder ante la justicia. Ciertamente es un error que ambos casos se hayan presentado conjuntamente, porque con ello queda la impresión de que se pudo haber buscado empatar, cuando cada situación merece un tratamiento diferenciado. Para el caso de Israel, parece evidente que a un estado democrático y desarrollado cabe exigir estándares muy superiores a los que se podrían esperar de un grupo como Hamas; asimismo, con esta acción no se está cuestionando su derecho a defensa, sino los eventuales crímenes de guerra que se puedan haber cometido.