Órgano constitucional: todas las opciones son válidas

“A mí me gustaría bailar cueca con el acuerdo”, dijo la ministra del Interior, Carolina Tohá, tras la derrota del Apruebo en el plebiscito de salida del pasado proceso constitucional. A más de dos meses y medio, el acuerdo aún está pendiente. Incluso los nuevos plazos autoimpuestos, como el que preveía cerrar un pacto en noviembre, están en duda. Algunos como el presidente de la UDI, Javier Macaya, intentaron ponerle paños fríos a la discusión, al asegurar que “el tema del tiempo no nos puede hacer firmar un mal acuerdo”; mientras otros, como el senador Matías Walker, llamaron el jueves a “acelerar el tranco” y “en lugar de tener reuniones cada una semana o cada tres días” encerrarse para “tener un acuerdo”. Su idea es repetir lo sucedido el 15 de noviembre de 2019, pero está claro que las urgencias políticas de entonces no son las mismas y el país no enfrenta la presión de la violencia social desbordada de hace tres años.

Más allá de la discusión sobre plazos y la presión de algunos sectores por acelerar el proceso, el hecho es que hasta ahora la discusión constitucional nacida tras el triunfo del Rechazo a la propuesta de la Convención Constitucional ha logrado algunos avances importantes. No solo se acordó acertadamente concentrar en el Congreso la discusión para definir el nuevo proceso, sino que además se llegó a dos consensos relevantes. Primero, se fijaron 12 bases constitucionales que fijan los márgenes dentro de los cuales debe elaborarse la nueva Carta Fundamental -entre los que se incluye el respeto a derechos y libertades fundamentales, la separación de poderes y la consagración de un Estado social y democrático de derecho. Y, segundo, se acordó crear un comité técnico de 14 abogados nombrados por el Congreso que velará por el respeto de esas bases.

Hoy el punto de la discordia es el mecanismo que se utilizará para conformar al nuevo órgano redactor del texto. Si bien en privado hay relativo consenso que una instancia 100% electa no es la mejor opción -por razones diversas-, en público ningún camino ha sido descartado. Entre las propuestas que están sobre la mesa se incluye un órgano de 50 personas, otro de 99 o un tercero de 60 miembros, todos electos; una instancia mixta -50% elegida, 50% designada-, o una cuyos miembros sean designados por el Congreso. Si bien algunos cuestionaban inicialmente esta última opción, asegurando que carecía de la necesaria legitimidad que tendría un cuerpo elegido, es positivo que en el último tiempo sectores de centroizquierda se hayan abierto a ese camino. El Congreso, como el principal órgano representativo de la voluntad popular, goza de plena legitimidad y, además, su elección se realizó hace menos de un año.

Todas las opciones que están sobre la mesa son igualmente válidas, porque de una u otra manera recogen la opinión de la ciudadanía. Insistir, como hacen algunos, que el único camino posible es el de una entidad 100% electa, no sintoniza tampoco con el sentir mayoritario de la población que se ve reflejado en las encuestas. Según el último sondeo de Cadem, solo un 31% de los encuestados respalda que la futura instancia sea 100% elegida y un 66% se inclina por una opción mixta, cuando se les consulta qué tipo de órgano prefieren que redacte el nuevo texto. Una opinión que coincide con otros sondeos que revelan, además, la desconfianza de la ciudadanía ante la posibilidad de repetir el proceso de la pasada Convención Constitucional. El casi 62% de Rechazo al texto constitucional esconde también un masivo descontento con el camino elegido entonces.

La elaboración de una nueva Constitución o la reforma a la actual sigue teniendo un apoyo mayoritario, según los sondeos. Por ello, es importante que las partes avancen con prontitud en un acuerdo. Seguir dilatando la discusión solo extenderá el clima de incertidumbre, con las inevitables consecuencias en la inversión, como lo apuntó el editor para América Latina del Financial Times en una reciente entrevista a este diario. Un escenario aún más grave considerando el complejo panorama económico que enfrentará el país en 2023. La pasada Convención Constitucional debe ofrecer lecciones para el éxito del nuevo proceso. Las bases constitucionales acordadas fueron un paso positivo, pero igualmente importante es que el órgano que se defina sea finalmente el más eficiente y elabore un texto que no acabe recogiendo un conjunto de demandas particulares, sino que convoque a una amplia mayoría de chilenos.