Otra vez la amenaza de los retiros
Los parlamentarios que insisten con un nuevo rescate de fondos de pensiones no solo incurren en la irresponsabilidad de afectar la economía y las jubilaciones, sino que además pretenden presionar para aprobar una reforma carente de consensos mínimos.
El viernes pasado se cumplió un año desde que el proyecto de “sexto retiro” no logró los votos suficientes para su aprobación en el Congreso, cumpliéndose el plazo que la Constitución establece para insistir en iniciativas que fueron rechazadas. Pese a que el Presidente de la República ha sido claro que no propiciará nuevos retiros, algunos legisladores del propio oficialismo -en particular diputados de la bancada del PPD- han decidido presionar con un nuevo rescate en caso de que no se apruebe la reforma previsional que lleva varios años entrampada. Esta presión se suma a las iniciativas que otros diputados ya vienen anunciando.
Cabe desde luego lamentar la profunda irresponsabilidad de los parlamentarios, quienes mirando solo los réditos electorales se desentienden de los perniciosos efectos que la política de los retiros ha traído sobre la economía y también sobre las futuras pensiones, a lo que también cabe agregar la profunda distorsión que se produce en el ámbito institucional cuando el vehículo elegido es por la vía de reformas constitucionales como forma de saltarse la iniciativa exclusiva del Presidente de la República.
El propio Banco Central ha recordado anteriormente que los tres retiros implicaron la inyección a la economía del orden de US$ 50 mil millones -el 25% de todo el ahorro previsional acumulado hasta junio de 2020-, generando profundos trastornos en el mercado de capitales, la actividad económica así como en la inflación. Los esfuerzos para contener las presiones inflacionarias implicaron tener que aplicar una dura política monetaria, con enormes efectos sobre la actividad, el empleo y el financiamiento de empresas y personas. Un nuevo retiro podría alargar aún más el proceso de ajuste.
Casi cuatro millones de personas quedaron sin saldo en sus cuentas individuales -afectando sobre todo a personas de sectores más vulnerables y a mujeres-, y cerca de dos tercios de quienes retiraron aún no han logrado recuperar el saldo que tenían previo a los rescates. Los efectos en las futuras pensiones se han estimado que en algunos casos podría representar hasta 40% menos de jubilación, lo que en el largo plazo implicará mayores desembolsos fiscales.
Los argumentos de los parlamentarios del PPD y de otros sectores que ahora buscan presionar con un retiro carecen de todo sentido. Desde luego, no se ve cómo el tema de las bajas pensiones -actuales y futuras- se podría corregir al seguir drenando los fondos de pensiones. Asimismo, el supuesto beneficio social para los sectores socioeconómicos más vulnerables se diluye por completo, pues justamente son dichos segmentos los que se han quedado sin fondos o tienen saldos mínimos.
Estos parlamentarios tampoco se están haciendo cargo de las debilidades que presenta la reforma de pensiones del gobierno, la que carece del consenso más elemental. Presionar para que se apruebe una propuesta con tantos cuestionamientos -el Ejecutivo ni siquiera ha hecho una nueva propuesta en el Senado luego de que en la Cámara sus contenidos centrales fueran rechazados- es una práctica irresponsable y que ni siquiera inhibirá a los populistas de seguir insistiendo con más retiros. La tarea inmediata del gobierno es disciplinar a sus propios parlamentarios y allanarse a fórmulas que despierten el consenso.
