Otra vez un tropiezo producto de reformas ideológicas

El gobierno finalmente logró que en la Cámara de Diputadas y Diputados se aprobara la idea de legislar respecto de la reforma previsional que propuso al país, pero el hecho de que artículos clave terminaran siendo rechazados -entre ellos la distribución de los seis puntos adicionales de cotización, considerada como el “corazón de la reforma”, o el Inversor de Pensiones del Estado, que bajo el diseño propuesto con el tiempo podría haber llegado a manejar una muy alta proporción de los fondos de pensiones- resulta en un fuerte revés para el gobierno, porque claramente la naturaleza de los fuertes cambios que buscaba introducir en el sistema de pensiones -en varios aspectos sin justificación para ello- carecen de piso político suficiente, lo que le obligará a negociar una reforma muy distinta a la que originalmente concibió.

Hay consenso incluso entre economistas afines al gobierno que la atolondrada forma en que el Ejecutivo negoció los votos para la aprobación de esta reforma -allanándose a una serie de concesiones de último minuto a distintos grupos, todo con el fin de sortear el rechazo de la oposición- terminaron por crear un proyecto atiborrado y que se aleja por completo de lo que aquí se necesita, que es mejorar de una manera expedita un aumento de las pensiones actuales y futuras, para lo cual bastaba con destinar los seis puntos de cotización a las cuentas individuales, y financiar aumentos de la PGU con cargo a impuestos generales.

Pero, en cambio, se ha optado por una reforma de un marcado carácter ideológico -donde el principal afán parece ser cumplir a cualquier costo con el compromiso de campaña de poner fin a las AFP-, desatendiendo no solo las fundadas objeciones técnicas sobre una propuesta de esta naturaleza, sino pretendiendo obviar que los votos para algo así no están.

Atendidos los problemas de diseño estructural con que venía esta reforma, constituye una buena noticia para el país que sus aspectos más controversiales no hayan sido aprobados y se obligue a su rediseño, pero es lamentable que una vez más el país deba pagar los costos de insistir con reformas marcadamente ideológicas y sin piso suficiente para su aprobación.

La desordenada manera en que ha terminado legislándose esta reforma de pensiones ilustra una vez más el complejo patrón que ha caracterizado a esta administración, donde se presentan reformas en que en vez de apuntar a conseguir buenas soluciones, primero se opta por rendir tributo a consideraciones ideológicas y, al no haber consenso para ello, el único camino que queda para sortear la valla legislativa es recurrir a estas fórmulas atiborradas.

Algo similar se ha visto en el caso del diseño escogido por el Ejecutivo para desarrollar la industria del litio. En vez de haber optado por fórmulas efectivas, como habría sido seguir el camino de que el Estado entregue concesiones a privados asegurando condiciones para que el Fisco reciba altos retornos por ello, se elige un diseño donde las futuras exploraciones se harán bajo el alero de Codelco, asegurando así una participación mayoritaria al Estado en las nuevas sociedades, sin que se hayan dado razones de peso que lo justifiquen.

El fuerte traspié que ha experimentado el gobierno con su reforma de pensiones debería resultar aleccionador en cuanto al alto costo que termina pagándose por tratar de conseguir apoyos a cualquier precio y con diseños ideológicos que no resuelven los problemas que aquejan al país. Si genuinamente hubiese un ánimo de apuntar a resolver las bajas jubilaciones, el camino para hacerlo estaba a la mano, por lo que la interrogante que ahora se abre es si las lecciones de este caso se habrán internalizado de cara a las negociaciones que a partir de marzo se abrirán en el Senado.