Otro grueso error en nuestra política exterior

La decisión del Presidente de la República de homenajear al exjuez Baltasar Garzón, todo ello en el marco de su gira por Europa, no solo ha abierto una controversia política con la oposición, que cuestiona fuertemente la pertinencia de tal homenaje, sino que además ha revelado nuevamente la desprolijidad en el manejo de nuestra política exterior, en lo que parece ser una decisión adoptada por el círculo íntimo del Mandatario, sin haber sido debidamente sensibilizada con los estamentos expertos de la Cancillería.

Al menos ello se desprende de lo declarado por el propio canciller, quien trasluciendo algo de incomodidad con la situación aclaró que no se trató de una condecoración oficial del Estado de Chile, sino de un reconocimiento, evitando responder si acaso había estado al tanto de la decisión presidencial.

Desde luego, ya resulta un hecho anómalo que en una gira presidencial se desaten controversias de esta naturaleza, pues se parte de la base que detrás de ello hay una cuidada organización, buscando que todas las actuaciones reflejen los intereses del país y todos los sectores se sientan debidamente representados. Parece evidente que si el gobierno de Chile quiere rendir homenaje a una serie de personalidades, en este caso por la defensa desempeñada en el campo de los derechos humanos -todo ello en el contexto de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado- tanto los nombres escogidos, sus méritos y el tipo de homenaje cuando menos deberían ser conocidos de antemano y responder a un diseño alejado de cualquier sesgo. Nada de esto ha sucedido hasta aquí, pues la nómina de quienes serán objeto de este reconocimiento se ha manejado con reserva -solo se habla de juristas, artistas y personalidades políticas-, y el nombre de Garzón parece un claro guiño hacia los sectores más extremos de la coalición de gobierno.

Escoger a la persona del exjuez Garzón para recibir un homenaje de parte del gobierno chileno aparece un despropósito, atendido el perfil del exjuez. No solo se trata de alguien que fue condenado en España por prevaricación, sino que además asesoró al gobierno boliviano en su presentación de la demanda contra Chile ante el tribunal de La Haya, calificando la aspiración marítima de Bolivia como “completamente justa”. Garzón también aceptó la petición formulada por un grupo mapuche para que fuese uno de los árbitros en un proceso que se busca levantar ante la Corte Permanente de Arbitraje en La Haya, para que revise la demanda territorial del pueblo indígena contra el Estado de Chile. El gobierno ha pretendido que se puede separar el rol de Garzón como defensor de los derechos humanos respecto de sus actuaciones en contra de los intereses de Chile, pero pretender tal distingo resulta del todo artificial.

Sigue sin comprenderse la importancia de que la política exterior debe ser manejada con impecabilidad y con sumo profesionalismo, donde no hay margen para que intereses de determinados grupos sean los que terminen colándose en las decisiones. Las consecuencias internas y externas de los actos en materia internacional deben ser debidamente advertidos por el servicio exterior, pero para que ello suceda lo primero es que sus funcionarios estén debidamente enterados de los planes del gobierno. Este tipo de improvisaciones ya han ocasionado desagradables incidentes, como el desaire del que fue objeto el embajador de Israel por parte del Presidente, o por la forma imprudente de tratar la crisis política interna por la que recientemente atravesó Perú con ocasión de masivas protestas.