¿Para qué sacó el gobierno a las FFAA a la calle?

Por Kenneth Pugh O., senador independiente por la Región de Valparaíso

En medio de los actos de diaria violencia y la sensación de tensión, desesperación e impotencia que invade a los habitantes de la Macrozona Sur, a los gremios que ven afectadas sus fuentes de sustento y en el caso de los camioneros y los carabineros, hasta sus vidas, el dirigente de la CAM Héctor Llaitul hace un llamado público y notorio a la sedición y a la rebelión armada en contra del Estado de Chile. Este llamado no solo viola el estado de derecho, sino que, además, desconoce la soberanía del Estado de Chile en parte de su territorio. Parece ser que el gobierno no tomó en serio este acto de sedición armada, pues ni siquiera lo consideró lo suficientemente grave como para querellarse contra el autor del llamado.

En paralelo, el gobierno intentó cambiarles el nombre a los estados de excepción establecidos en la Constitución, buscando que no parezca que está imponiendo el orden, pero sí lo está haciendo…en forma acotada. Esta farsa ni siquiera sirvió para aunar criterios en el oficialismo. Como existía un acuerdo de término de conflicto con los gremios de los camioneros y ese acuerdo tenía un plazo, el gobierno impuso un estado de emergencia “acotado” en la región de La Araucanía y las provincias de Biobío y Arauco.

Estos dos hechos ocurridos en forma simultánea dan testimonio de la indefinición del gobierno respecto de su ineludible responsabilidad constitucional por un derecho humano fundamental: el derecho a la vida y a la seguridad. ¿Qué sacamos con incorporar listas y listas de derechos en la propuesta constitucional si el Estado no es capaz de proveer el Estado de Derecho que es nuestra garantía de igualdad ante la ley y el bien público seguridad que garantice el derecho fundamental a la vida? La respuesta es clara, no sacamos nada, es simple letra muerta.

El fracaso del gobierno en temas de seguridad se funda en su falta de definición y comprensión cabal del hecho de que ya no son oposición ni denunciantes, ahora son el Poder Ejecutivo y tienen que tomar acción. Ya no hay espacio para los discursos, solo hay espacio y premura por los resultados. Además, tras años de denostar a las policías y a las FF.AA., encarándolas públicamente cuando éstas estaban cumpliendo con su mandato de obediencia al poder político civil que las sacó a la calle, quitándoles el apoyo político a su labor, ahora, estando en el poder político y siendo los jefes de las policías y de las FF.AA., están aprendiendo a valorar el rol que ellas cumplen para la estabilidad y la paz de la República y están demostrando que no saben mandarlas, porque no entienden cómo se manda a las FF.AA.

Un gobierno que no se querella contra quien llama a la subversión armada del orden institucional y proclama el desconocimiento de la soberanía de la República de Chile en su territorio se queda muy corto en la respuesta que la ciudadanía espera de sus autoridades. Asimismo, un gobierno que promulga un estado de excepción constitucional acotado, restringido a las carreteras y alguna infraestructura crítica, con serias restricciones en el actuar de las FF.AA. y cuyo discurso solo refleja la preocupación del gobierno por los DD.HH. de los violentistas, ni siquiera por los DD.HH. de la ciudadanía, de las policías o las FF.AA., es un gobierno ambiguo, indeciso, tibio y cómplice de aquellos que deniegan el derecho a la seguridad de la ciudadanía.

El gobierno sacó a las FF.AA. a la calle como una maniobra comunicacional. No quiere querellarse contra Llaitul y no quiere que las FF.AA. actúen contra el terrorismo violento. Es lógico esperar que esta maniobra comunicacional no va a solucionar nada. Tal vez lo único que buscan es ganar tiempo hasta el 4 de septiembre y nada más. El gobierno tiene que aprender rápido cómo se identifica la naturaleza de un conflicto, cómo se articulan los instrumentos del poder nacional y muy especialmente, cómo se conduce políticamente al instrumento militar del poder nacional. Ahora ellos son el gobierno, ellos tienen todo el poder ejecutivo del Estado y la ciudadanía les exige que lo usen para restablecer a la brevedad el Estado de Derecho y la soberanía en el territorio de la República y que resguarden el derecho humano a la vida y a la seguridad de las personas.