Para volver a confiar

Existe un paso previo a la unidad. Se trata de algo en apariencia sencillo pero que reviste un trabajo complejo y sistemático, la confianza. Por tanto, mientras en Chile no logremos superar la profunda crisis de confianza en las instituciones, tanto públicas como privadas, que venimos arrastrando desde hace una década, se torna complejo aunar voluntades en un propósito común. Esto no quiere decir que sea una tarea imposible sino inmensamente desafiante, más aún, en un contexto adverso como es el control sanitario, económico y social de una pandemia como la que estamos viviendo en nuestro país y en el mundo.

Creemos que hoy más que nunca, cuando la ciudadanía diariamente se informa sobre iniciativas y resultados de la decisión de la autoridad, de una política pública que redunda en la vida de su entorno inmediato, la institucionalidad debe actuar con una sólida base de legitimidad que entrega la confianza. Porque tan relevante como prestar servicios eficaces y oportunos en el servicio público, es que las autoridades y sus decisiones cuenten con una sólida base de apoyo, de lo contrario, la ciudadanía no logra comprender y opta por prescindir de las recomendaciones o disposiciones adoptadas. Debemos revestir las decisiones de la autoridad con garantías inmediatas de credibilidad que inviten a la adhesión y no a aumentar la brecha de desconfianza. No estamos instando a que la ciudadanía abandone su rol escrutador, muy por el contrario, consideramos que es deseable en toda democracia sana contar con organizaciones de la sociedad civil empoderadas y opinantes, pero también necesitamos recuperar la confianza para avanzar con mayor celeridad en el control de la pandemia, sobre todo en los meses que se avecinan y que se estiman muy complejos. Para ello, las instituciones públicas debemos ser más que nunca, transparentes, probas y tener un riguroso cuidado por el buen uso de los recursos públicos. Sólo con estándares altos de transparencia y probidad, las instituciones lograrán irradiar tranquilidad y confianza a todos los ciudadanos, volviendo a hacer de nuestro país una verdadera comunidad.

Hacer realidad la transparencia y dar igual acceso a la información, posibilita una participación ciudadana fundada en datos y antecedentes, mejorando con ello la calidad del debate público y de las decisiones político-administrativas; potencia el control social y previene la corrupción, limitando la desviación de recursos fiscales, impactando positivamente en la relación entre las y los ciudadanos y el Estado, observándose una mayor confianza y una mejor evaluación de los organismos públicos por parte de la población.

Por su parte, las políticas de probidad buscan promover el comportamiento ético y honesto de los funcionarios públicos e impulsar que funcionarios y autoridades den cuenta permanente de su trabajo para facilitar el control de la ciudadanía. Asimismo, es necesario que las instituciones públicas actúen dentro del ámbito de sus atribuciones, respetando los procedimientos legales y utilizando eficiente y eficazmente los recursos públicos.

En este marco, invitamos a todos los poderes públicos, los partidos políticos, al sector privado, a la sociedad civil y a la ciudadanía en general, a avanzar decididamente en la construcción de una fecunda cultura de la transparencia y la probidad en nuestro país; a incorporar a nuevos actores y sectores en la lógica de la transparencia y la rendición de cuentas, a mantener y reforzar las acciones tendientes al perfeccionamiento del sistema de protección del acceso a la información, a afirmar un sólido sistema sancionatorio a las faltas por mal uso de recursos públicos, que desincentive malas prácticas y fomente la coordinación del desarrollo de iniciativas de Transparencia y Anticorrupción bajo la lógica de un sistema integral de política pública que incluya a todos los poderes del Estado, así como a los nuevos actores que se vayan incorporando. Para volver a confiar, especialmente en el difícil contexto por el que transitamos, necesitamos más transparencia y más probidad: Entregar información clara, segura y de manera sencilla, realizar rendiciones de cuentas oportunas, completas y veraces y supervisar minuciosamente el gasto público.

Con la convicción de la imperiosa necesidad de alcanzar estos objetivos, el Consejo para la Transparencia y la Contraloría General de la República, junto con hacer este llamado, ponen a disposición todas sus herramientas, conocimiento, experiencia y capacidades para contribuir a propiciar a que se construyan donde no existan, o se reconstruyan, donde estén quebrantadas, las bases de una indispensable confianza para nuestra institucionalidad democrática.