Peligrosa desconexión de la política ante inseguridad ciudadana

Justo en momentos en que el país atraviesa por momentos muy complejos en materia de delincuencia y crimen organizado, y cuando la sociedad exige respuestas urgentes frente a este flagelo, la clase política está dando muestras de preocupante incompetencia, sumiéndose en recriminaciones cruzadas, frases altisonantes -muy probablemente alentadas por fines electoralistas, considerando el plebiscito que se avecina- y “pasadas de cuenta”, todo lo cual está creando un lamentable espectáculo, con una completa desconexión de lo que la ciudadanía esperaría en un momento así.

Reflejo del delicado momento que se vive es la decisión del Presidente de cancelar sorpresivamente su viaje a la cumbre climática en Dubái, aduciendo la necesidad de supervisar asuntos prioritarios para el país, entre ellos lo relativo a la seguridad, además de salud, educación y economía. Se trata de una señal acertada, considerando que hasta ahora el Mandatario había permanecido silente frente a este recrudecimiento de la inseguridad, pero lamentablemente tampoco se pudo resistir a la pulsión de entrar en la guerrilla de declaraciones, reprochando duramente a la oposición por sus críticas en la forma como se ha manejado la expulsión de migrantes en situación irregular.

El país ha sido sacudido en el último tiempo por una ola de violentos asesinatos, así como por un aumento de denuncias en casos de secuestros -verificándose a lo menos tres de tipo extorsivo-, en tanto que los asaltos, portonazos y encerronas siguen atormentando a muchos. Este preocupante cuadro encuentra perfecto correlato en la última Encuesta Nacional de Seguridad Urbana, que fue dada a conocer el viernes por el gobierno, luego de una dilación que todavía no se ha explicado acabadamente. Los datos de la encuesta reflejan a cabalidad el momento que se vive, pues el 90% de la población percibe que ha habido un aumento de la delincuencia -contra el 86% del año anterior-, situándose en un nivel récord, en tanto que la victimización de hogares urbanos aumentó a 21,8%, desde el 16,9% del año anterior. Ya antes el índice de Paz Ciudadana había arribado a conclusiones similares, al situar el temor de la población en niveles sin precedentes.

Es por todo ello que resulta urgente que gobierno y oposición retomen la compostura y se aboquen a enfrentar la delincuencia y el crimen organizado con altura de miras, atendiendo que esto ha pasado a ser por lejos el tema que más inquieta hoy a la población. Seguir en esta politización inconducente es irresponsable y no beneficia a nadie, y sólo ahondaría la peligrosa falta de confianza hacia el gobierno, los partidos y el Congreso.

Ahora que el Mandatario ha dicho que busca enfocarse en la seguridad, cabría esperar que esto no se quede sólo en una mera declaración, sino que constituya un punto de inflexión, donde para la ciudadanía no quepan dudas de que la inseguridad se enfrentará como la prioridad que es. El propio gobierno se juega aquí buena parte de su mandato, lo que le exigirá no sólo reenfocar su propia agenda, sino también contar con un plan en seguridad mucho más exhaustivo que lo visto hasta ahora, evitando seguir dando la impresión de que improvisa sobre la marcha. Las fuerzas opositoras, por su parte, deben estar disponibles para allanar la búsqueda de soluciones, evitando la tentación de sacar ganancias de corto plazo.

Cuando en los meses de marzo y abril se produjo el asesinato de tres carabineros, los partidos políticos y el gobierno decidieron impulsar una agenda muy robusta en materia de seguridad, donde se priorizó una agenda legislativa de 31 proyectos, la cual hasta la fecha se ha cumplido parcialmente, y ahora, en medio de las trifulcas, aparece muy diluida. Dicha agenda, y el espíritu unitario que la animó, deberían ser retomados con fuerza; destrabarla sería sin duda una positiva señal.

Otro aspecto que debe resolverse con rapidez es lo relativo a las expulsiones de migrantes en situación irregular. El hecho de que existan 12 mil expulsiones pendientes sugiere que hay fallas en la institucionalidad que es imperativo corregir, y es una señal profundamente contradictoria de cara a la ciudadanía que la ley aparezca como letra muerta. El subsecretario del Interior ha comprometido nuevas medidas para agilizar las expulsiones de migrantes en situación irregular, las que deben ser presentadas a la brevedad para que este compromiso aparezca creíble.

Fundamental es no valerse de este complejo tema para utilizarlo como recurso electoral o para derroteros populistas. En cambio, los esfuerzos deben estar puestos en cómo reforzar las capacidades policiales, mejorar la persecución penal y modernizar cuanto antes los sistemas de inteligencia, entre otros desafíos que siguen a la espera.

La última encuesta CEP, que fue dada a conocer esta semana, además de ratificar que a juicio de la mayor parte de la ciudadanía la principal tarea a la que debe abocarse el gobierno es la seguridad, entregó una preocupante señal: el 45% no se incomoda ante la posibilidad de suprimir todas las libertades públicas si es que ello permite un mejor control de la delincuencia. Precisamente uno de los grandes riesgos de no abordar con urgencia la inseguridad es que la paciencia ciudadana se colme, y se comience a ver en fórmulas más autoritarias o en “caudillos” políticos la manera de buscar una salida a los problemas, lo que en tal caso habrá sido un estrepitoso fracaso de la política y de las instituciones