Peligrosas señales de violencia política

Los recientes hostigamientos y “encerronas” de que han sido objeto políticos y parlamentarios por parte de grupos radicalizados han abierto una legítima preocupación sobre la violencia política y la posibilidad de que este fenómeno se extienda aún más.

Los métodos de amedrentamiento han consistido en “funas” presenciales, llenas de insultos y frases amenazantes, como de hecho acaban de ser objeto el presidente de la UDI y una dirigente de dicho partido por parte de un grupo llamado Team Patriota, que antes ya ha acosado a otros dirigentes de la centroderecha, enrostrándoles la improcedencia y “traición” que a juicio de ellos supone seguir adelante con un proceso constituyente cuando la propuesta que presentó la Convención ya fue rechazada. Hace un par de semanas, otro hecho que causó preocupación fueron los correos electrónicos enviados a todos los diputados desde una casilla anónima, en los que se contenía una suerte de amenaza para no seguir adelante con los cambios constitucionales, publicando incluso sus direcciones personales, lo que motivó la apertura de una investigación judicial.

Estos hechos se inscriben en lo que parece ser una tendencia violenta y peligrosa, donde grupos de la más diversa índole han visto en el amedrentamiento -presencial o a través de redes sociales- y en la amenaza física la forma de silenciar aquellas voces o posturas que les resulten incómodas, o bien como manera de visibilizar sus objetivos políticos. Una de las formas más comunes de esta violencia es precisamente la “funa”, lo que desde luego ya resulta un acto particularmente violento para quienes la sufren, pero que fácilmente pueden ser la antesala para la agresión física o ataques que puedan poner en peligro la vida de las personas.

La violencia política es un proceder que nunca puede ser considerado legítimo, porque no busca persuadir o incidir en el debate público por la vía de los argumentos así como a través del poder que provee una manifestación pacífica, sino que busca acallar o imponer determinadas visiones por vías violentas, lo que desde luego erosiona las bases mismas de la convivencia e impide que el libre debate democrático rinda sus frutos.

Ahora han sido estos grupos extremos que se sienten con el derecho de impedir el debate constitucional, pero antes han sido grupos de ciclistas que han ido a intimidar autoridades en sus propios domicilios, o bien grupos de estudiantes violentos que amenazan a sus compañeros o a profesores, impidiendo la normalidad de clases cuando no destruyendo las propias instalaciones. Son solo algunos ejemplos que ilustran cómo la violencia política se ha ido propagando persistentemente y las consecuencias de no haber sabido actuar a tiempo por las vías legales o, más grave aún, el haberla consentido o amparado. Los casos que se han conocido ilustran que una vez que se ha consentido la instalación de la violencia como método de presión política, esta se va incrementando y tarde o temprano todos pueden ser víctima de ella. El caso extremo es el drama que a diario se vive a lo largo de la Macrozona Sur.

De allí la importancia de que este tipo de actuaciones sean objeto de un total repudio sin distingos antojadizos y exista una tajante distinción entre aquellas formas legítimas de manifestación en democracia, de aquellas que se valen de la violencia.