Pérdidas en el sistema de Isapres

Las Isapres cerraron 2021 con fuertes pérdidas. La pandemia determinó inicialmente un menor gasto para los aseguradores de salud privados, por cuanto el temor de sus afiliados a contagiarse y las dificultades para acceder a servicios de salud en medio de medidas restrictivas, hizo caer las prestaciones financiadas, acotando los costos de la industria. Esa etapa, sin embargo, ha quedado atrás, y a partir de 2021 vino una puesta al día en materia de prestaciones, mientras los pagos de licencias médicas se incrementaron fuertemente. Todo esto ocurría mientras, también asociado a la pandemia, se dispuso la postergación de los ajustes tarifarios de los que dependen los ingresos de las Isapres.

El resultado, durante 2021, ha sido un nivel de pérdidas claramente amenazante para la solvencia de la industria. Lo que se anticipa es un escenario de altos costos por concepto de subsidios de prestaciones, que se mantendrán elevadas por efecto de acumulación de atenciones postergadas, y por concepto de licencias médicas. Por esto, desde la representación gremial de las Isapres se ha indicado que la prestación de seguros privados de salud vive “un punto de inflexión”. Efectivamente, si bien la evolución futura de los costos de dichas entidades no es enteramente predecible, el antecedente de un incremento de 25% en 2021, tanto en los costos por bonificaciones de prestaciones como por concepto de pagos de licencias, abre un signo de interrogación sobre la solvencia de esta industria.

Esto es muy preocupante. Desde luego, los afiliados a las Isapres, con su elección de asegurador, expresan su preferencia -aun con costos mayores- por los prestadores de seguros de salud privados frente a la alternativa estatal, por lo que un traspaso forzado al Fonasa afectaría el bienestar de esa población. Más allá de que desde la percepción de los afiliados a las Isapres un eventual traspaso al seguro público podría representar un deterioro en sus condiciones de acceso a salud, es necesario considerar que las Isapres tienen cerca de cuatro millones de afiliados. Resulta entonces impensable que Fonasa pudiera acoger una parte relevante de ellos, en el evento de fallas en los prestadores privados sin afectar seriamente sus propios estándares de atención, cuando el asegurador estatal está sujeto a sus propias limitaciones financieras, su capacidad operacional está también sobreexigida como consecuencia de la pandemia, y, dado que la falla de una Isapre ocurriría por su incapacidad de enfrentar pérdidas, Fonasa, al absorber sus afiliados, estaría recibiendo menos ingresos que gastos.

La pugna ideológica ha retrasado por años la reforma a los seguros privados de salud. Muchas iniciativas parciales -que habrían mejorado en forma significativa la operatoria de las Isapres- han sido frenadas y subordinadas a revisiones profundas que hasta ahora no han prosperado, mientras avanzaba la judicialización de elementos esenciales del sistema. Frente a la presente coyuntura, los afiliados a las Isapres y al Fonasa -porque el interés de ambos está en juego- tienen derecho a esperar una reacción del sistema político, que debe enfrentar la situación con realismo y evitar el deterioro de su acceso a salud.