Pertinencia de una acusación constitucional

Parlamentarios de Chile Vamos concretaron la presentación de una acusación constitucional en contra de la exministra de Justicia Marcela Ríos, consistente en dos capítulos. Uno, referido a la responsabilidad que le pueda caber en la polémica e irregular forma en que el gobierno tramitó los indultos a condenados en el marco del llamado estallido social, mientras que el otro se refiere a los traslados de personas privadas de libertad recluidos en penales de la Macrozona Sur a la cárcel de Angol, luego de amenazas proferidas contra el alcaide.

El voluminoso número de acusaciones que se presentaron durante el gobierno de Sebastián Piñera -el propio exmandatario fue objeto de dos acciones de este tipo- terminó por desnaturalizar completamente el sentido que tiene esta herramienta que entrega la Constitución, transformándose en una simple arma de acción política. En el presente caso, sin embargo, parecen haberse acumulado una serie de antecedentes que hacen plausible su presentación y demandan que el Congreso analice seriamente el caso, por sus graves implicancias.

Ha sido el propio gobierno el que ha reconocido que en el proceso de concesión de indultos hubo una serie de “desprolijidades”, lo cual se tradujo en que se entregara el beneficio a personas que, además de haber sido condenados por delitos cometidos en el marco de la revuelta social, poseían un nutrido prontuario. Además de resultar factible que se haya pasado a llevar la ley que regula los indultos, se vulneró uno de los criterios que había fijado el propio Mandatario para efectos de entregar el beneficio. El gobierno hizo recaer esta responsabilidad en la exministra de Justicia, así como en el exjefe de gabinete del Presidente, precisamente por la falta de cuidado para filtrar los antecedentes de los indultados. La vocera de gobierno fue aún más explícita, señalando que “si el Presidente hubiera tenido todos los elementos a la vista, la situación hubiese sido distinta”.

Desde luego, la primera responsabilidad recae en el propio Mandatario, quien al impulsar estos indultos relativizó hechos de suyo gravísimos -como incendios e intentos de homicidio- justificándolos por el contexto político y social. Pero cuando el propio Ejecutivo reconoce que por error se pusieron en libertad a condenados que no merecían tal beneficio, tal proceder supone una grave irresponsabilidad, pues con ello se pone en riesgo la seguridad de la ciudadanía. El texto de la acusación atribuye a la exministra -entre otros aspectos- haber infringido la ley en siete de los trece indultos entregados, precisamente por haber beneficiado a personas que cumplían sentencia por delitos graves, sin que ello se haya justificado fundadamente, como exige la ley.

Son muchas las interrogantes que siguen flotando tras conocerse estos indultos; además de indagar sobre los criterios que el gobierno tuvo a la vista para concederlos y dejar establecidas las responsabilidades del caso, debería ser la oportunidad para despejar un capítulo de especial opacidad, como es el hecho de que haya habido dos nóminas de indultados. También será la oportunidad para volver a relevar las irregulares situaciones que constantemente ocurren en los penales de la Macrozona Sur.