Peticiones para fijación de precios

En la medida que la situación económica continúa empeorando -el desempleo del Gran Santiago alcanzó el 15,6% en marzo, según la Universidad de Chile-, la ansiedad comienza a aumentar entre algunas autoridades. En esta línea, alcaldes de diversos sectores políticos han empezado a presionar al gobierno para avanzar hacia la fijación de precios de insumos básicos. El argumento que han levantado los ediles es que la situación excepcional derivada de la crisis sanitaria, que tiene un fuerte impacto económico en sectores más vulnerables, exige adoptar medidas radicales para evitar una supuesta especulación en los precios de suministros básicos para la población.

Los mercados que presentan imperfecciones, porque algún actor tiene poder monopólico o porque debido a razones exógenas se restringe la competencia, la intervención del regulador en la fijación de tarifas corrige las anomalías y lo asemeja a un mercado competitivo. Es lo que ocurre, por ejemplo, en el mercado de servicios básicos, donde a causa de la importante inversión en activos fijos por lo general no resulta óptimo que operen dos o más competidores y es en estos casos donde una regulación tarifaria es necesaria para evitar abusos monopólicos.

Pero para el caso de nuestro país, en la mayoría de los mercados no existen imperfecciones que justifiquen una intervención tarifaria, aunque sea temporal. El aumento de precios de algunos productos básicos responde a razones de mercado que en caso de una intervención estatal solo se conseguirá empeorar. El aumento del tipo de cambio, el incremento explosivo en la demanda por cierto tipo de productos, problemas logísticos y la menor cantidad de oferentes -que se arrastra desde la convulsión social de octubre pasado- han encarecido ciertos productos básicos.

Sin embargo, las experiencias -tanto nacionales como internacionales- de fijación de precios siempre son lamentables. Al establecer un precio máximo, sobre todo en periodos de exceso de demanda, se produce una rápida escasez de los bienes cuyos precios son intervenidos. En su afán por controlar el mercado, los gobiernos que han caído en esta medida terminan por incentivar el acaparamiento de productos, creando un mercado negro y generando redes de corrupción asociadas a la distribución de los bienes. Así, en el mercado formal se produce una progresiva escasez de los productos intervenidos con precios máximos, mientras la mayor disponibilidad de éstos en el mercado negro es compensada con un alza en los precios, los que reflejan con mejor precisión la menor disponibilidad de los productos regulados, pero además incorporan el costo de transgredir la legalidad.

La crisis derivada del Covid-19 exige respuestas sensatas y bien orientadas. Es destacable que la autoridad económica se haya mantenido firme en su oposición a medidas que pueden empeorar la situación que ya enfrentan cientos de miles de familias, sobre todo en los segmentos más vulnerables. No hay razón para apartarse de la política seguida hasta ahora, con ayudas focalizadas a través de bonos y entrega de alimentos en los sectores más vulnerables.