Petro: los efectos de un escándalo

Colombian President Gustavo Petro speaks to journalists about his government's first 100 days, in Bogota

La gravedad de las acusaciones del exembajador de Colombia en Venezuela dejó en un estado de extrema debilidad al gobierno de Gustavo Petro y hace urgente que éstas sean aclaradas por la justicia.



Los poco más de diez meses de gobierno de Gustavo Petro en Colombia no han sido fáciles. Han estado marcados por el quiebre de su coalición de gobierno, las tensiones políticas desatadas por los alcances de sus reformas, dos crisis de gabinete y un cuestionado estilo para ejercer el poder. Sin embargo, el escándalo que estalló en los últimos días va mucho más allá y revela como pocos los conflictos de poder al interior del círculo más íntimo del Mandatario. Sus protagonistas, la exjefa de gabinete y el exembajador de Colombia en Venezuela, son figuras que trabajaron codo a codo con el Presidente colombiano y conocen en profundidad los vericuetos del poder en la Casa de Nariño. La primera -la “querida y estimada” Laura Sarabia, como la describió el propio Petro- era la encargada de organizar su agenda diaria; el segundo, Armando Benedetti, fue su mano derecha en la campaña electoral y hombre clave en la recaudación de fondos.

Por ello, las afirmaciones hechas por este último en los audios revelados por la revista colombiana Semana adquieren especial gravedad. Benedetti no solo asegura que si él habla “nos hundimos todos, nos vamos presos”, sino además sostiene que sin él, Gustavo Petro no habría ganado la elección, y hace referencia a 15 mil millones de pesos (US$ 3,4 millones) que no están registrados en la contabilidad oficial de la campaña del candidato del Pacto Histórico. Incluso luego de conocerse los audios, en una entrevista a Semana, el exembajador fue interrogado sobre si ese dinero provenía de narcos. “No sé”, fue su respuesta inicial. Y tras la insistencia del periodista sobre quiénes eran los donantes, se limitó a contestar: “No eran empresarios”. Además, lanza serias acusaciones contra el ex ministro del Interior de Petro, Alfonso Prada, a quien acusa de robarse “todo el Ministerio con la mujer”, y contra el exsenador Roy Barreras, a quien también asocia con enriquecimiento ilícito.

Si bien el Mandatario ha insistido en desacreditar a su excolaborador y el propio exembajador aseguró luego que todo lo dicho se debió “a un acto de debilidad”, motivado por “la rabia y el trago”, la gravedad de las acusaciones -en especial, la eventual presencia de dinero del narco en la campaña- exige que sea la justicia la que determine la veracidad de las afirmaciones vertidas por Benedetti. El escándalo ha paralizado, además, la agenda de reformas de Petro y deja al gobierno en un estado de extrema debilidad.

La situación se ve agravada por el camino elegido por el Presidente para responder. En lugar de insistir en la necesidad de que se aclaren las denuncias, que según él son falsas, ha alimentado la confrontación, acusando a la prensa de estar detrás de una conspiración en su contra y denunciando un supuesto “golpe blando” promovido por los “poderes fácticos”; camino que solo aumenta el enfrentamiento y agrava la polarización de la sociedad colombiana.

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