El gobierno ha anunciado un segundo plan fiscal para paliar las consecuencias económicas y sociales de la crisis sanitaria. Este plan busca respaldar con garantías estatales un monto potencial de US$ 24 mil millones en créditos para capital de trabajo a empresas con ventas bajo un millón de UF. Otros US$ 2 mil millones irán a apoyar a personas que se desempeñan en la informalidad. Sumado el costo de este plan al del anteriormente comprometido se llega al equivalente a 6,7% del PIB, lo que se anticipa llevará el déficit fiscal de 2020 a un 8% del PIB, a pesar de una esperada mayor austeridad en el aparato estatal.
El Banco Central está sumando a estas cifras fiscales sin precedentes recursos que permitan quintuplicar la línea de crédito para los bancos puesta en marcha una semana atrás, mientras también amplía la gama de activos bancarios que se aceptarán como garantías para utilizarla, e incorpora en alguna modalidad a otras instituciones financieras.
Este enorme despliegue de recursos no está fuera de lugar. Por el contrario, se anticipa que habrá medidas adicionales para beneficiar a sectores que se van a ver muy afectados en sus ingresos y que no son beneficiarios de las medidas conocidas hasta ahora. Lo predecible, ante una pandemia que tomará tiempo superar, es que el Fisco deberá comprometerse aún más para evitar un colapso mayor de la actividad económica y atender a situaciones aflictivas que van a afectar a muchas familias. El país va encaminado a perder producción y empleos, a ver en riesgo su capacidad de crecer y a debilitar severamente la posición financiera del Fisco.
Mantener un déficit de 8% del PIB en un país que no puede sostener tasas de crecimiento superiores al 3% anual conduciría indefectiblemente a niveles de deuda pública en exceso del 100% del PIB, lo que es inviable. Reconstruir un horizonte de estabilidad y progreso económico requerirá entonces un esfuerzo muy duro de austeridad fiscal y de perfeccionamiento institucional para asegurar tasas de crecimiento satisfactorias, aun cuando las secuelas sociales vayan a tomar tiempo en desaparecer.
Siendo insoslayables la pandemia y sus exigencias de disciplina y subordinación a lineamientos técnicos, la élite política del país -más allá de ciertas estridencias- reconoció lo excepcional de la situación y ajustó su conducta a lo que la superación de la crisis sanitaria demanda. Sin embargo, la gestión de la crisis económica y social que viene -porque supone actuar sobre la institucionalidad económica y las políticas públicas- enfrenta mayores riesgos de verse obstaculizada por los conflictos ideológicos y las posiciones refundacionales y extremas que han estado caracterizando la política nacional en tiempos recientes.
El país requiere que ante la evidencia de que se avecinan situaciones muy graves, nuestra dirigencia política opte por cerrar filas en torno al proyecto de restauración económica y social, técnica y políticamente muy exigente, que va a ser necesario.
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