Poder Judicial y compra de autos de lujo

Desde que este medio publicó que el pleno de la Corte Suprema había dado el vamos para la compra de una veintena de autos de alta gama destinados a reemplazar los actuales vehículos de los ministros del máximo tribunal -una operación que superaría los $1.200 millones-, se ha desatado una insólita controversia respecto de cómo se produjo la autorización presupuestaria para tales fines, además de los fuertes cuestionamientos que se han producido por lo que se consideraría un gasto excesivo y no justificado.

Desde la Corte Suprema se ha indicado que esta renovación de flota corresponde porque los actuales vehículos están descontinuados, y han señalado que durante el año pasado se solicitó al Ministerio de Hacienda reconocer un saldo de caja que mantiene el Poder Judicial, operación que -según esta versión- finalmente fue visada por la Dirección de Presupuestos (Dipres). Sin embargo, desde esta última instancia rechazan que hayan dado autorización alguna, indicando que, de hecho, la solicitud para renovar la flota fue desestimada, no figurando por tanto en ninguna partida del presupuesto de la Nación, sin perjuicio de reconocer que el Poder Judicial es autónomo para administrar saldos de su ejecución presupuestaria.

Resulta desde luego inexplicable que sobre este hecho existan visiones tan contrapuestas, produciendo evidente perplejidad en la ciudadanía, pero al margen de dicha controversia -la cual es importante que se aclare bien de cara a la ciudadanía-, hay un asunto más de fondo, cual es el criterio con que se utilizan los recursos públicos. Independientemente de que la Dipres haya entregado o insinuado informalmente algún tipo de autorización con cargo al saldo de caja, la decisión de adquirir vehículos de alta gama -sin ninguna justificación que lo amerite- descansa exclusivamente en la Corporación Administrativa del Poder Judicial, que diseñó dicha operación, y el pleno de la Corte Suprema, que la refrendó. A ello se agrega lo cuestionable que se trate de una asignación directa, sin recoger el aprendizaje que dejó el caso de líos de platas.

El Poder Judicial no puede pretender estar al margen de la realidad nacional, la cual reclama un estricto sentido de austeridad y buen criterio en el uso de los fondos públicos, particularmente en momentos en que miles de familias lo han perdido todo producto de los devastadores incendios forestales, y cuando la estrechez de las arcas fiscales no da margen para despilfarros.

Episodios como estos no hacen más que erosionar la confianza ciudadana sobre instituciones fundamentales del país. Sorprende por lo mismo que sus representantes muestren tan poca conexión con la realidad del país y no sean capaces de prever el fuerte cuestionamiento público que decisiones de este tipo inevitablemente acarrean. Solo hace algunos meses se produjo una polémica similar por el fuerte reajuste del que serían objeto los ministros del Tribunal Constitucional, el cual aparecía completamente desproporcionado.

La Corte Suprema ha llevado a cabo por estos días dos plenos extraordinarios para tratar el asunto de la compra de vehículos. Y si bien por ahora la máxima instancia sigue adelante con la operación -su presidente ha solicitado recabar toda la documentación vinculada al proceso-, la prudencia aconseja que el máximo tribunal revierta esta decisión y rediseñe el reemplazo de los automóviles bajo parámetros más razonables.