Polémica decisión del juez Urrutia

En manos de la Corte de Apelaciones de Santiago se encuentra el caso que ha enfrentado al juez de garantía Daniel Urrutia con Gendarmería, luego de que el magistrado accediera a conceder el beneficio de la comunicación a través de videollamadas, así como una visita conyugal, a una serie de peligrosos reos detenidos en la Cárcel de Alta Seguridad, entre ellos miembros del Tren de Aragua o de algunos imputados en el crimen del carabinero Daniel Palma.

En una visita que realizó a dicho recinto penitenciario, Urrutia estimó pertinente acoger la petición de los reclusos para poder establecer contacto con sus familiares, estableciendo que en algunos casos de reos extranjeros la incomunicación con los familiares se había prolongado por siete meses. Para estos efectos, el juez incluso invocó normas de Naciones Unidas. Gendarmería, por su parte, ha hecho ver que el perfil de los reclusos en dicha cárcel corresponde a personas con estrechas vinculaciones con el crimen organizado, y dado que ha habido amenazas directas hacia la Cárcel de Alta Seguridad así como a autoridades del país, mantener la incomunicación de estos reos resulta fundamental. Urrutia no dio curso a la apelación de Gendarmería, por lo que la institución presentó un recurso de hecho ante la Corte de Apelaciones.

La decisión de Urrutia ha generado una intensa controversia. Representantes del oficialismo y la oposición han criticado duramente su resolución, en tanto que desde el Ministerio de Justicia se ha indicado que la decisión es “gravísima” y contraria a la ley.

En este caso, es un hecho que parecen haber entrado en colisión el derecho que le asiste a toda persona privada de libertad de acceder a garantías mínimas con lo imprescindible que resulta asegurar el cumplimiento de medidas de seguridad, no solo para el orden interno del recinto, sino para impedir que a través del contacto externo se pueda seguir concertando la comisión de delitos.

En este contexto, cabe preguntarse por qué un caso que debería mantenerse dentro de la estricta esfera judicial ha terminado generando tal nivel de controversia, y la razón obvia descansa en la marcada trayectoria de activismo judicial que caracteriza al juez Urrutia, lo que justificadamente lleva a plantear aprensiones respecto de las motivaciones que tuvo para resolver en la forma que lo hizo.

En actuaciones anteriores Urrutia ha pedido la refundación de Carabineros; se atribuyó la facultad de revocar la prisión preventiva por arresto domiciliario a miembros de la “primera línea” en el marco del estallido social, decisión que fue rápidamente revocada en instancias superiores; acusó a la Corte de Apelaciones de haberse hecho cómplice en las “mutilaciones” de manifestantes, entre varias otras actuaciones que no han dejado duda de que ante todo su inspiración es el activismo, para lo cual adapta la ley a sus propias convicciones.

Para una correcta administración de justicia la presencia de jueces activistas es un riesgo, y más aún si con ello se pudieran estar resintiendo las políticas del Estado para combatir la delincuencia y el crimen organizado. La Corte de Apelaciones debiera ser capaz de ponderar adecuadamente los derechos en juego, pero sin poner en riesgo la seguridad del país y debilitar a Gendarmería.