Polémica por indicaciones en debate constitucional

El Consejo Constitucional atraviesa por un complejo momento producto de las fuertes diferencias que se han producido entre consejeros del oficialismo y la oposición para consensuar una serie de materias. Los representantes del mundo de la izquierda han formulado una serie de objeciones a enmiendas que han introducido los consejeros del Partido Republicano y Chile Vamos, por estimar que son identitarias y se alejan del espíritu de lograr un texto de consenso. Desde la oposición reivindican su derecho a introducir determinados cambios justificándose en que la mayoría que tienen en el Consejo responde a la voluntad popular expresada en las urnas.

Las indicaciones que se están votando son a nivel de comisiones, todo lo cual luego deberá pasar al pleno, donde para la aprobación de las normas se deberá contar con los tres quintos. Una vez definido el texto, este volverá a la Comisión Experta -la cual elaboró el anteproyecto- para ser objeto de observaciones. Quedan por lo tanto una serie de instancias para seguir negociando, por lo que aún no hay nada definitivo.

Pero si bien estamos en una fase preliminar de la deliberación, es relevante que desde ya los consejeros cuiden de que las normas que pretenden introducir se ajusten a lo que propiamente debería contener una Constitución, evitando incurrir en la tentación de incorporar contenidos pertenecientes al ámbito de las políticas públicas, cuya esfera de deliberación pertenece al debate legislativo así como al Poder Ejecutivo.

En ese orden de cosas, una de las indicaciones que ha despertado una intensa polémica es la que propuso el Partido Republicano y a la cual luego se plegaron los consejeros de Chile Vamos, conforme la cual el inmueble destinado a la vivienda principal del propietario y su familia estará exento de toda contribución e impuesto territorial. Una disposición transitoria agrega que esto se implementará en forma gradual en un plazo de seis años.

Siendo legítimo que una fuerza política estime que dicho gravamen debe ser reestructurado, o que manifieste su total oposición a los impuestos patrimoniales, es totalmente inconveniente que ello se pretenda zanjar en un plano constitucional, pues dicho texto debe apuntar a entregar los principios y orientaciones generales en materia tributaria -por ejemplo, que no sean injustos, o desproporcionados-, pero los detalles de la política tributaria del país deben ser definidos en la esfera legislativa. Si se busca agregar o eliminar algún impuesto, ello debe ser evaluado en el marco de la política tributaria general, considerando sus pros y contra.

En el caso del pago de contribuciones, solo en el primer semestre de este año se recaudaron más de US$ 1.300 millones, parte importante de los cuales se distribuyen a los municipios de menores ingresos, y su cobro en general está radicado en personas de mayores ingresos. Esto ilustra que una modificación de dicho gravamen contiene múltiples implicancias, que no logran abarcarse en un debate constitucional. Por lo demás, si se consiente esta forma de proceder, sienta un inconveniente precedente, pues es un hecho que todas las fuerzas políticas se sentirían con derecho a lo mismo.

Una forma de contribuir a agilizar el debate constitucional y allanar el camino para los acuerdos pasa porque todas las fuerzas políticas se empeñen en un articulado que a la vez de evitar prestarse para interpretaciones ambiguas, no sustituya el necesario debate que deberá darse en otras instancias deliberativas.