Polémica por minuta de Asociación de AFP
Si bien resulta abusivo que se pretenda silenciar la opinión de un gremio, la Asociación de AFP cometió un error al hacer circular un documento inicialmente anónimo, dando pie a una serie de especulaciones.
La fuerte controversia que se ha producido en torno a una minuta que hizo circular la Asociación de AFP -en donde se critican una serie de aspectos de la propuesta de reforma previsional que propone el Ejecutivo- debe resultar aleccionadora sobre la forma en que tanto los actores políticos como los gremios deben entender su rol en el espacio público.
Fue la ministra del Trabajo quien primero alertó acerca de la existencia de esta minuta, atribuyéndola en principio a alguna AFP, toda vez que el documento hasta ese momento era anónimo, pero que coincidía con objeciones que se venían haciendo desde la industria previsional. La ministra señaló que opinar es legítimo, “pero interferir en un debate político y tratar de presionar al Parlamento para que no avance una reforma previsional es una irresponsabilidad de marca mayor”.
Posteriormente la Asociación de AFP se atribuyó la autoría del documento, señalando que fue elaborado por sus propios equipos técnicos, con el único fin de servir como un insumo interno. A partir de ese momento las críticas hacia el gremio se han multiplicado, sobre todo desde sectores del oficialismo, donde incluso un grupo de parlamentarios busca que se retire su personalidad jurídica por considerar que dicha asociación ha entrado de lleno en la arena política, lo que le estaría prohibido.
Como primera cuestión, resulta desde luego abusivo pretender cercenar la libertad de opinión de un organismo gremial, que por definición existe para representar los intereses de sus asociados y naturalmente lo que busca es que las miradas de una industria en particular incidan en el debate público. Desacreditar una determinada opinión simplemente porque resulta contraria a la visión oficialista, equivale a una forma de censura, y lo que corresponde es que aquellas opiniones que puedan resultar discutibles, injustas o erradas sean controvertidas en el mismo debate público. Es de esa forma que la ciudadanía puede conocer las distintas visiones en juego y formarse una idea de la plausibilidad de un determinado planteamiento o de los intereses que pueda haber detrás.
Con todo, no cabe duda de que la Asociación de AFP ha cometido un error al hacer circular una minuta sin atribuírsela inicialmente, porque con ello solo ha logrado sembrar suspicacias y alejarse del objetivo central, que es centrar la discusión en los planteamientos que está formulando. Al proceder de ese modo se pudo haber entendido que el documento estaba reflejando una opinión institucional, sin que quedara claro si ella efectivamente representaba el sentir de toda la industria, pero además abrió espacio para especular que el documento pudo haber sido redactado por las propias AFP, lo que de ser así traspasaría los límites que la normativa les impone para opinar, y con dicho documento se estaría validando una práctica de este tipo.
También es un hecho que cuando una comunicación se hace de forma anónima se presta para que las opiniones allí contenidas puedan exagerarse o acomodarse al objetivo que se busca alcanzar, alejándose del sentir más técnico, sin que nadie asuma directamente una responsabilidad por ello.
Es por tanto una cadena de equivocaciones que debe llevar a los gremios a poner más atención en la forma de participar dentro del espacio público.
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