Polémica tramitación del “sexto retiro”

La jornada de este miércoles donde se votó la reforma que pretendía habilitar el “sexto” retiro desde las AFP ha dejado sensaciones contrapuestas, porque si bien ha sido positivo que finalmente dicha reforma no consiguiera los votos necesarios para su aprobación -contó con 48 votos a favor y 63 en contra-, el bochornoso espectáculo que a ratos se vio tanto en la Comisión de Constitución como en sala, con descalificaciones impropias de la investidura parlamentaria y graves acusaciones de infracciones reglamentarias por parte de quienes apoyaban este retiro, empañó la jornada. Tampoco es una señal demasiado alentadora el que el rechazo no haya sido abrumador, pese a los graves y documentados efectos que una política como esta tiene sobre la economía y el sistema de pensiones.

Aunque en esta oportunidad había menos disposición de los parlamentarios para aprobar un nuevo retiro -esto ya se vio el año pasado en la tramitación del “quinto retiro”, donde no hubo votos suficientes para ello, y en marzo se rechazó la idea de legislar de un proyecto de “autopréstamo”, que no era sino un retiro encubierto-, la presión por aprobar un nuevo rescate iba creciendo en el mundo político. Reflejo de ello es que terminaron fusionándose nueve iniciativas -cuyos patrocinadores han sido diputados de todos los sectores-, las cuales eran muy disímiles entre sí. Así, había propuestas que pretendían un rescate de $1 millón, mientras otras apuntaban a un 100% de los fondos.

A la luz de todo esto era pertinente entonces que el gobierno -que ha sido claro detractor de nuevos retiros, como lo volvió a dejar en claro el ministro de Hacienda-, buscara la forma de cerrar rápidamente este debate, para lo cual el lunes el Ejecutivo, vía Segpres, resolvió poner el proyecto en “discusión inmediata”, forzando su votación. Ello fue una forma de evitar seguir desviando energías en la tramitación de una iniciativa altamente lesiva, pero probablemente también una manera de contener las divisiones que se observan dentro de las bancadas oficialistas.

La fórmula del gobierno, si bien fue efectiva para lograr el objetivo buscado -un nuevo retiro no podrá volver a discutirse sino al cabo de un año-, abrió flancos de reclamos por parte de los partidarios del retiro, que alegan vulneraciones reglamentarias, pero sobre todo volvió a dejar en evidencia que sigue habiendo sectores dentro del Congreso dispuestos a dejarse llevar por pulsiones populistas -completamente indolentes frente a los efectos que otro rescate tendría en materia de inflación, tasas de interés e impacto en las futuras pensiones, dañando con ello a los más desposeídos-, y que detener este tipo de asonadas será dificultoso y no exento de costos políticos.

Habría sido sin duda una señal muy valiosa que este retiro hubiese sido rechazado en forma abrumadora, porque con ello se habría dado una señal muy potente de que los espacios para la irresponsabilidad se van cerrando, pero cuando menos el tema ha logrado ser removido por ahora, permitiendo que otros proyectos prioritarios para la ciudadanía concentren la atención legislativa.