La ácida polémica que se dio este fin de semana entre el ministro de Salud y la alcaldesa de Maipú ilustra bien los roces y dificultades que ha generado el excesivo protagonismo que caracteriza a algunos ediles, una actitud que en tiempos de emergencia como el actual puede conllevar consecuencias más delicadas, que convendría precaver.
Puesto que no hay precedentes de cómo enfrentar una pandemia como la actual, es vital que las distintas decisiones que se adopten -donde inevitablemente el ensayo y error será la tónica- guarden coherencia entre sí y abarquen las distintas dimensiones involucradas. Ello parte porque la información que se entregue a la ciudadanía no genere confusión o exceda los marcos que la propia legislación ha establecido.
La actitud precipitada de la alcaldesa en informar nuevamente el fallecimiento de una persona de la comuna a raíz del contagio de coronavirus -información que luego fue desmentida- generó una innecesaria controversia, que además promueve un peligroso cuestionamiento en la confiabilidad de la autoridad de salud, asunto que resulta crítico de evitar en el clima de desconfianza generalizada que hoy impera.
Apenas desatada la pandemia fueron varios los alcaldes que se apresuraron en sugerir o dictaminar medidas que van mucho más allá del ámbito de su competencia, como decretar el cierre de establecimientos comerciales, establecer cuarentenas en la población, restricciones al desplazamiento o cordones sanitarios. Aun cuando estas medidas puedan ser pertinentes -de hecho han terminado siendo adoptadas por el gobierno central-, su ejecución debe ser en el marco de las atribuciones que la ley fija para eso. Un reciente dictamen de la Contraloría General de la República acertadamente ha hecho ver que las garantías constitucionales solo se pueden ver afectadas bajo determinados estados de excepción -como es el caso actual-, donde cabe al Presidente de la República o a los delegados de la defensa nacional que él designe el ejercicio de tales potestades, no siendo las municipalidades los entes llamados a fijar los límites.
Es evidente que los alcaldes deben empeñarse en promover soluciones en favor de la salud e integridad de sus vecinos, y en ese sentido pueden jugar un rol muy positivo. Pero cuando las motivaciones parecen estar más teñidas de afanes de figuración antes que el interés general, o cuando tienen lugar actuaciones que no se apegan a lo que establece el marco jurídico, entonces se producen efectos indeseados, cuyas consecuencias se amplifican en situaciones de emergencia.
En otro punto del dictamen se hace ver la inconveniencia de que los alcaldes destinen demasiado tiempo a participar en programas de radio y televisión, distrayéndose de sus labores o sirviendo como solapadas campañas electorales. Aun cuando es discutible si cabía un pronunciamiento en este sentido -toda vez que algo similar se podría decir de ministros de Estado o de parlamentarios que concurren a estos espacios-, es llamativa la reacción de algunos alcaldes, que derechamente han planteado que no van a acatar tal instructivo, trasluciendo un nivel de soberbia o escaso apego por las formas institucionales.
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