Polémico allanamiento del Partido Comunes

El aparatoso y mediático allanamiento de que fue objeto la sede del Partido Comunes ha sido objeto de fuertes cuestionamientos, no solo debido a la oportunidad en que tuvo lugar -en la antesala de las elecciones del pasado domingo-, sino por el inusitado despliegue de funcionarios del GOPE de Carabineros, que derribaron puertas e hicieron ingreso al lugar fuertemente armados, rememorando los procedimientos propios del desbaratamiento de bandas narco.

La acción se produjo en el marco de la investigación que abrió de oficio el Ministerio Público, luego de que una investigación periodística de Ciper diera cuenta de la abultada rendición de cuentas que hizo una integrante de la colectividad, Karina Oliva, en el marco de su fallida campaña a gobernadora por la Región Metropolitana. Conforme con dichos antecedentes, siete asesores de Oliva -quien en las pasadas elecciones competía por un escaño senatorial, sin resultar electa- recibieron cuantiosos recursos, aparentemente durante un período que excedió el plazo de la campaña electoral.

La denuncia de posible malversación es grave -los propios aliados políticos de Oliva le quitaron su respaldo, partiendo por el candidato presidencial del Frente Amplio- y cabe ser investigada en todos sus detalles. Pero es evidente que la forma en que se ejecutó este allanamiento excede todo lo razonable, y tal forma de llevar a cabo estos procedimientos debe ser objeto de exhaustivas revisiones. Si bien dicha diligencia fue solicitada por la Fiscalía y autorizada por un tribunal, no resulta justificado movilizar tal cantidad de funcionarios policiales, y tampoco parece atendible la excusa de que esta es la forma habitual en que el GOPE lleva a cabo estos procedimientos. Debió haberse previsto que al consentir en un operativo tan mediático se abría un evidente riesgo de dañar injustamente a todas las candidaturas de dicho partido -también a sus aliados-, lo que resulta claramente irresponsable.

Todo esto debe ser aleccionador sobre la importancia de que las instituciones eviten contaminar su quehacer mediante la publicidad excesiva, algo que lamentablemente no resulta inusual en la órbita de las investigaciones judiciales. El hecho de que en ese momento hubiese prensa y se estuviese transmitiendo en vivo debió haber llevado a la Fiscalía y Carabineros a llevar a cabo el procedimiento con la debida sobriedad, evitando una amplificación de los hechos totalmente innecesaria.

Las instituciones son las llamadas a cautelar que sus actuaciones se enmarquen en lo que estrictamente les encomienda le ley, sin caer en la pulsión mediática. Es en ese marco que también resultan cuestionables las actuaciones del fiscal nacional, quien ofició a Carabineros para tener más detalles del allanamiento, en circunstancias que ello está fuera de su competencia e invade otros poderes, pues la dependencia y supervisión de la policía depende del Ministerio del Interior. Igualmente desafortunadas han sido las declaraciones del presidente del Servel, quien manifestó públicamente sus reparos por este procedimiento, lo que claramente está fuera de su ámbito.