Política de dividendos y dietas ante pandemia

El país enfrenta en estos momentos situaciones extraordinariamente complejas a raíz de la pandemia -el propio Presidente de la República ha estimado que se podría llegar a perder hasta un millón de empleos-, y por ello ha sido necesario dictar legislaciones de emergencia que permitan la continuidad de empresas que atraviesen por problemas de liquidez -para lo cual se ha reforzado en US$ 3 mil millones las líneas del Fogape (“crédito Covid”)- así como permitir que se puedan suspender temporalmente los contratos de trabajo, pero permitiendo que los trabajadores accedan mientras tanto al seguro de cesantía.

Al respecto, se ha generado una intensa controversia por estos días sobre si es procedente que las empresas que se acojan a estos beneficios -ya sea enviando a parte o al total de sus trabajadores al seguro de cesantía, acceder a líneas de financiamiento del Estado, o bien ambas opciones- continúen pagando las mismas dietas a sus directores, o distribuyan dividendos.

El actual clima de polarización y tintes de populismo que parece haberse apoderado del trabajo legislativo crea condiciones poco propicias para un debate sereno,

Pero independientemente de cómo evolucione la discusión legislativa, cabría esperar que sean las propias empresas que en virtud de sanos principios de equidad y empatía con la realidad que viven millones de compatriotas se adelanten y apunten a una autorregulación, tal que sus políticas internas guarden coherencia con el esfuerzo que se está demandando a los propios trabajadores o a los propios contribuyentes.

En ese orden de cosas, parece evidente que si una empresa se acoge a la norma de protección al empleo, o a la línea Covid, sus directores también reduzcan sus dietas, un gesto que aun cuando pueda estar más en el terreno de lo simbólico, es una señal plenamente coherente con la suerte de la empresa -lo lógico es que una empresa en problemas busque reducir al máximo sus costos- así como con sus trabajadores, los que sin perjuicio de que seguirán recibiendo ingresos a través del seguro de cesantía, en muchos casos será por un monto menor, sin perder de vista que además estarán consumiendo parte o el total de su ahorro individual en dicho seguro.

Lo propio debería ocurrir en el caso de la política de reparto de dividendos. Se trata de una discusión que parece adquirir tintes más bien demagógicos, ya que en los hechos las empresas que se acojan a cualquiera de estas medidas es evidente que lo harán porque su situación financiera está al límite, y eso, sumado a las débiles proyecciones de crecimiento que se esperan para éste y el próximo año, hacen en la práctica inviable que se pretenda distribuir utilidades. Más bien la discusión debería apuntar a buscar el máximo de alternativas que faciliten a las empresas mantener toda la liquidez que sea posible, lo cual será crítico. Tanto la discusión legislativa así como el reglamento que se discute para el crédito “Covid” deben apuntar a este objetivo, donde cobra sentido flexibilizar o suspender el reparto obligatorio del 30% de las utilidades, para así no forzar a distribuir una liquidez que seguramente será indispensable.