Política industrial y litio
Es un paso arriesgado que cuando todavía no se logra consensuar una regulación interna eficiente para desarrollar todo el potencial de esta industria, se pretenda además generar una política común con Argentina y Bolivia.
De acuerdo con lo expresado por el subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, su cartera se encuentra estableciendo mesas de trabajo para el desarrollo de una política industrial con Argentina y Bolivia en materia de litio, tal que el Cono Sur pueda escalar en la cadena de valor del litio en función de una política regional.
Chile, Bolivia y Argentina conforman el llamado “triángulo del litio”, pues entre los tres países concentran el 65% de las reservas hoy conocidas. El hecho de ser países limítrofes y contar con abundancia de litio ha llevado a que desde hace un tiempo se baraje la idea de implementar algún tipo de alianza estratégica, que permita crear valor agregado en la cadena productiva. Por de pronto, Chile y Argentina exploran desde hace un tiempo la posibilidad de crear una gobernanza común en materia de litio, por lo que el anuncio del subsecretario, si bien no constituye en sí una novedad, es muestra de que el plan de desarrollar políticas regionales comunes sigue adelante.
El actual gobierno es un decidido partidario de reflotar las políticas industriales. La idea de que sea el Estado el que determine qué sectores de la economía deberían ser estratégicos y por esa vía ser objetos de subsidios o condiciones preferentes para su desarrollo -porque habría detrás de ello un bien socialmente valioso que el mercado no logra ver o satisfacer-, es una materia de suyo controvertida, pero además muy discutible que Chile requiera de ella. El país ha podido desarrollar industrias de clase mundial -salmones, vinos, minería, forestales, fruticultura, por mencionar algunos rubros-, sin necesidad de dirigismos, permitiendo que el sector privado sea el que vaya descubriendo las oportunidades.
Este mismo dinamismo no se ha podido replicar de igual forma en el caso del litio. La visión que ha prevalecido desde el Estado es que se trata de un recurso “estratégico”, con una serie de condicionantes para su explotación. Solo un limitado grupo de operadores cuenta con contratos especiales de explotación, las licitaciones para que entren nuevos productores no han logrado prosperar por aspectos ambientales o por resistencias ideológicas, todo lo cual ha llevado a que el país este desaprovechando las inmensas oportunidades comerciales que hoy ofrece el litio, cuyo valor se ha multiplicado gracias al boom de las baterías para vehículos eléctricos y dispositivos electrónicos. Decidor de esto es que Chile haya sido desplazado por Australia como el principal productor a nivel mundial.
El gobierno insiste en la necesidad de la creación de una Empresa Nacional del Litio, lo que hace suponer que el Estado tendrá una enorme preponderancia en la explotación del mineral. Si ésta será la “política industrial” para el litio, el panorama no es auspicioso, pero esto se complica todavía más ante la posibilidad de que el desarrollo de esta industria pueda quedar condicionado a los intereses o visiones de otros países, en especial cuando el modelo boliviano se ha caracterizado por una estatización de esta industria, y en el caso argentino todavía se trata de una industria relativamente joven, por ahora abierta al capital extranjero. La posibilidad de crear grandes polos regionales en el futuro es una idea que no cabe desestimar, pero ello requiere una serie de pasos previos y visiones comunes que hoy no se divisan. Antes de seguir en esto, Chile debe abocarse a volver a ser el mayor productor mundial.
Comenta
Los comentarios en esta sección son exclusivos para suscriptores. Suscríbete aquí.