Politización del cargo de general director de Carabineros

La situación judicial del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez -quien será formalizado el 7 de mayo por el presunto delito de omisión de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidio, en el marco del estallido social- ha generado un complejo dilema para el gobierno. La coalición oficialista ya presenta fracturas frente a este caso, pues mientras sectores del PC y el Frente Amplio han hecho ver la conveniencia de que el alto oficial renuncie, sectores del Socialismo Democrático han planteado que en esta fase no existen suficientes méritos para que Yáñez deba dejar su cargo. Tanto el Presidente de la República como la ministra del Interior han transmitido que existe una buena relación con Carabineros, y por ahora no parece haber intención de tomar una medida antes de que tenga lugar la formalización.

A su vez, los partidos de Chile Vamos han cerrado filas en torno a Yáñez, para lo cual las directivas de los partidos han concurrido hasta las oficinas del general director para expresarle su apoyo y solidaridad, mientras que lo propio hicieron las directivas de Amarillos y Demócratas. Sectores de la DC, por su parte, también han expresado su respaldo al general.

Todo esto ha ocurrido en paralelo a la recusación que Yáñez presentó contra dos fiscales del Ministerio Público -Xavier Armendáriz y Ximena Chong, quienes lo indagan en dos casos, uno por la responsabilidad del alto mando de Carabineros, y en otra por casos de lesa humanidad, ambos con motivo del 18-O-, a quienes acusó de abierta parcialidad y odiosidad. El fiscal nacional finalmente desestimó inhabilitar a Armendáriz en el caso de lesa humanidad, pero por sobrecarga laboral de este último determinó reasignar dicha causa al fiscal regional de Antofagasta. Aun cuando con ello se logró bajar la tensión, es un hecho inédito que un general director de Carabineros aparezca entrando en pugna directa con otra institución, al cuestionar la idoneidad de fiscales, en circunstancias que la policía uniformada desempeña una estrecha labor con el Ministerio Público en el combate al delito.

A la luz de estos antecedentes resulta evidente que el caso del general Yáñez se ha politizado de una manera muy inconveniente, y la forma en que ha decidido defenderse, aceptando sin tapujos respaldos políticos y cuestionando a fiscales -incluso negándose a declarar en una oportunidad, pues decidió ejercer su derecho a guardar silencio esperando un cambio de persecutor- representa un grave error y con ello inevitablemente está comprometiendo a la propia institución de Carabineros. En tal sentido, resulta claro que si esta es la forma en que Yáñez seguirá desplegando su defensa, su continuidad en el cargo se hace muy difícil, considerando además que su mandato como general director recién concluye en noviembre.

Desde luego al general Yáñez le asiste todo el derecho a ejercer los recursos que la ley le franquea para efectos de desplegar su defensa, pero es también imperioso reconocer que tratándose de la máxima autoridad de Carabineros su persona no puede disociarse del cargo que desempeña. Quienes ejercen roles de alta relevancia dentro del Estado deben ser conscientes de que sin perjuicio de los derechos constitucionales que tienen como cualquier persona, éstos inevitablemente se ven limitados por la responsabilidad del cargo que ejercen. Yáñez claramente no lo ha entendido así, politizando su cargo, como queda de manifiesto a la luz de la conflictiva estrategia que ha decidido desplegar.

En esto es fundamental tener presente que ante todo se debe velar por que la independencia de Carabineros no se vea comprometida, ya que al ser una institución fundamental para el país es imprescindible mantenerla alejada de cualquier interferencia política o de intereses personales. En tal sentido, el actuar de Yáñez es reprochable, pero también lo es el proceder de los partidos políticos, que malentendiendo lo que debe ser un necesario respaldo institucional a la labor de Carabineros en el combate al delito, han terminado arrastrando el caso de Yáñez a la arena política, lo cual acarrea una inconveniente polarización.

Es acertado que el Mandatario haya señalado que “lo que nos preocupa por sobre todo es que la institución de Carabineros, con la cual hemos desarrollado una labor intensa, en estos dos años, para llevar adelante las tareas vinculadas a seguridad, siga teniendo esa tarea como su prioridad”. Es a la luz de esta definición que una decisión sobre la continuidad de Yáñez debería zanjarse lo antes posible.