Positiva señal de acuerdo social y económico

Tras arduas negociaciones -que incluso excedieron el plazo autoimpuesto de dos semanas- finalmente el gobierno, los partidos de Chile Vamos y la mayoría de los partidos de oposición con representación parlamentaria lograron suscribir un marco de entendimiento para implementar el “plan de emergencia por la protección de los ingresos de las familias y la reactivación económica y del empleo”. Se trata de un hito importante, que debe ser valorado, pues la política de los grandes acuerdos se ha hecho escasa en nuestro medio, producto del clima altamente polarizado que impera.

Esta señal llega en un momento crítico, cuando el país atraviesa el peor momento de la pandemia, donde se han alcanzado nuevos máximos de contagios diarios, con más de tres mil víctimas fatales y cuando cerca de la mitad de la población se encuentra en cuarentena, con graves impactos en el crecimiento y destrucción de empleo. Habría sido inexplicable que en un momento así las diferencias ideológicas terminaran por hacer naufragar un entendimiento político. La ausencia del Partido Comunista, así como el retiro de Revolución Democrática de la mesa de negociaciones en la etapa final, perjudican la imagen de estos partidos, pero no empañan la relevancia de lo que se logró, cuyo sustento técnico fue el fruto de aportes de economistas provenientes de distintas sensibilidades, precedente que bien podría ser aprovechado para abordar otras materias en las que hasta la fecha no ha sido posible alcanzar consensos.

Con este marco se logra fijar una hoja de ruta para hacerse cargo de los principales efectos de la pandemia por los próximos 24 meses, tiempo que establece el pacto para que se implemente un programa fiscal adicional por hasta de US$ 12 mil millones -su financiamiento podrá provenir de distintas fuentes, como aportes del Tesoro, fondos soberanos o deuda-, el cual podrá ser utilizado conforme criterios flexibles, según cómo vayan evolucionando los efectos de la crisis.

Una primera línea de acción será incrementar y ampliar la población beneficiaria del Ingreso Familiar de Emergencia, cuyos aportes mensuales no serán decrecientes -como ocurre actualmente-, y podrá extenderse más allá de agosto, si las condiciones así lo ameritan, pero con aportes decrecientes. En materia de reactivación, los principales ejes van en la línea de la implementación de un significativo plan de inversión pública para 2020 y 2021 con cargo al fondo, en áreas como vivienda e infraestructura hídrica, incentivos a la contratación de trabajadores así como potenciar el financiamiento a Pymes, flexibilizando requisitos del Fogape. También se contemplan rebajas tributarias transitorias en el régimen Pro Pyme. Se abre asimismo la posibilidad de ir en ayuda de empresas “estratégicas”, destrabando así la prometida ayuda para grandes empresas. Este conjunto de medidas económicas va en la línea correcta, pero probablemente en el futuro -atendida la magnitud del desplome de la actividad- deberán evaluarse nuevas medidas -como incentivos tributarios para todas las empresas-, donde cabe esperar que exista igual disposición para abordar estas materias.

El Congreso debe ahora actuar con celeridad, pues la tramitación de las respectivas leyes que aterrizarán el acuerdo no puede entramparse. Los parlamentarios deberán asimismo disciplinarse y evitar apartarse de esta hoja de ruta, evitando la pulsión de seguir aumentando el gasto fiscal irresponsablemente.