Postura del PC frente a la crisis de Nicaragua

El Presidente de la República ha actuado proactivamente en el caso de la crisis que vive Nicaragua, ofreciendo residencia y nacionalidad a los cientos de ciudadanos que fueron expatriados por el régimen de Daniel Ortega, signo elocuente del carácter dictatorial en que ha devenido dicho gobierno.

Si bien otros países también han hecho ofrecimientos similares, era importante que Chile diera una señal inequívoca respecto de las actuaciones del régimen nicaragüense, marcando una clara diferencia con otros gobiernos de la región, que no han sido capaces de condenar abiertamente las tropelías de Ortega. El Presidente Boric no ha dudado en calificar de “dictadura” a dicho régimen, y en distintos foros ha denunciado las violaciones a los derechos humanos que allí tienen lugar.

La gran mayoría de los sectores políticos del país ha cerrado filas en torno a la postura manifestada por el Mandatario, pero en cambio ha sido el Partido Comunista el que ha carecido de la firmeza suficiente, y solo se ha limitado a una tibia condena respecto de los expatriados.

A pesar de que estos hechos tuvieron lugar hace ya varios días, recién la semana pasada el PC fijó una postura a través de una declaración pública suscrita por su comisión política. En ella “lamenta la medida de destierro de 222 ciudadanos nicaragüenses mediante proceso administrativo (…), sin pretender, con esta opinión, intervenir en los asuntos internos de ese país hermano”. El PC agrega que, a su entender, la medida constituye un “atropello a los derechos humanos”, y recuerda que esta también fue “aplicada a centenares y miles de chilenos y chilenas bajo la dictadura civil-militar de Pinochet y la derecha”. En la declaración también se hace ver que Estados Unidos no ha renunciado a su objetivo de intervenir para derrocar al gobierno de Ortega, intervención que junto a la llevada a cabo por “poderes extranjeros” constituye también “una violación a los derechos humanos de todo el pueblo de Nicaragua”.

Aunque el PC ha intentado mediante esta declaración tomar cierta distancia de Ortega, algunos de sus militantes más emblemáticos se han encargado de enviar señales contrarias a dicho propósito. Es el caso del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, quien se encargó de recordar que Ortega está en el poder producto de “procesos democráticos” -a pesar de que todos sus rivales políticos han sido encarcelados-; y respecto del ofrecimiento de asilo que extendió el Mandatario, lo llamó a preocuparse de los problemas que hay en Chile, lo que motivó una réplica desde La Moneda. En tanto, el diputado comunista Boris Barrera se reunió con quien detenta el mayor escalafón en la embajada de Nicaragua en Chile.

Resulta ciertamente vergonzoso que aún existan colectividades incapaces de condenar sin reservas lo que ocurre en Nicaragua y brindar soporte político a un gobierno que reconocidamente ha atropellado los derechos humanos en múltiples formas, sofocando todo tipo de disidencia. Pero el hecho de que este respaldo provenga de un partido clave dentro del gobierno, lo hace todavía más complejo, sobre todo porque se están trasluciendo diferencias de fondo en un ámbito tan central como es la defensa de los derechos humanos, la cual el PC condiciona a sus preferencias ideológicas. En este punto, cabe interrogarse hasta dónde es posible proyectar una coalición cuyas “dos almas” mantienen diferencias tan sustantivas no solo en este campo, sino en varios otros.