Preocupación ante aumento de homicidios

Si bien Chile continúa siendo uno de los países de la región que presenta una menor tasa de homicidios, esta realidad podría cambiar de mantenerse las preocupantes tendencias que se observan en el último tiempo.

La ciudadanía ha sido duramente impactada por estos días a raíz de la muerte de tres personas producto de “encerronas” en sus vehículos, hechos ocurridos en distintos puntos del país, y donde además ha impactado el ensañamiento de los delincuentes. A estos hechos se suman los constantes “portonazos” y asaltos en domicilios -los que suelen ir acompañados de altos niveles de violencia, en algunos casos con consecuencias fatales-, siendo también alarmante que a diario se den cuenta de balaceras o acribillamientos en plena vía pública, con todo el riesgo que ello implica.

Es comprensible que en la población haya cundido una sensación de temor e impotencia frente a estos hechos, lo cual ya no solo se explica por las repercusiones mediáticas de estos graves hechos, sino que las propias autoridades así también lo han reconocido. El subsecretario del Interior ha señalado que hasta el 31 de agosto se habían registrado en el país un total de 603 homicidios, una cifra que describió como “altísima”, señalado que se están alcanzando niveles similares a los asesinatos registrados en 2020. Ese año se cerró con un total de 889 casos, y de mantenerse las tendencias observadas hasta ahora, es posible que en 2022 la cantidad sea superada.

La inquietud que genera esta realidad también ha sido recogida por la Corte Suprema, cuya vocera describió el aumento de homicidios y violencia como una “crisis de seguridad”, estimando que se trata de una situación gravísima. En su parecer, “el Estado de Derecho está puesto en jaque desde el punto de vista de esa criminalidad”, haciendo ver que aumenta la sensación de inseguridad y angustia, además de la injusticia que representa el tener que cuidar la vida o correr el riesgo de ella cuando se sale a la calle.

Las razones detrás del fenómeno pueden ser variadas, pero parece haber coincidencia en que en ello ha sido determinante el aumento del crimen organizado, considerando los altos niveles de violencia, el modus operandi de estos crímenes y por cierto el peligroso aumento en el uso de armas de fuego para cometer estos delitos, que ya representan casi el 60% del total de casos. A mediados del año pasado, la prevalencia de armas de fuego se acercaba al 47%. Los informes policiales sugieren que parece haber una alta relación entre la compra de armas y el aumento del poder adquisitivo que permite el tráfico de drogas.

América Latina es la región que registra la mayor tasa de homicidios a nivel global, donde las experiencias de México y Colombia deben resultar ilustrativas acerca de cómo este tipo de delitos se pueden escapar fácilmente de control. De ninguna manera se puede llegar al punto en que hechos como estos comiencen a ser naturalizados, y parece evidente que el control de este flagelo, así como de la delincuencia en general ha pasado a ser una de las tareas primordiales que deberá asumir el gobierno, particularmente el Ministerio del Interior, cuya evaluación dependerá críticamente de esta variable. El combate al crimen organizado adquiere así una prioridad absoluta, algo que no siempre pareciera comprenderse en toda su magnitud.