Preocupación por el futuro de la evaluación docente

Recientemente el Senado aprobó en general un proyecto de ley que con el propósito de reducir la “doble evaluación” a la que se encuentran sometidos los profesores que ejercen en el sector público, amenaza con eliminar algunos elementos que posee el tradicional sistema de evaluación docente, y que busca asegurar el buen nivel de los docentes y la calidad de la educación que estos imparten.

Esta situación de “doble evaluación” se produjo por la existencia de dos sistemas paralelos. El primero corresponde a la antigua evaluación docente antes indicada, sin consecuencias para la promoción y remuneración, pero a partir de la cual se permite a los equipos directivos de establecimientos educativos poder desvincular hasta el 5% de sus profesores que obtienen un mal resultado. Y el segundo, que nace en 2016, corresponde al Sistema de Desarrollo Profesional Docente administrado por el Ministerio de Educación (Mineduc), según el cual los profesores deben someterse periódicamente a una evaluación que permite ubicarlos en un tramo asociado a una remuneración creciente con el desempeño y que también contempla la desvinculación de quienes no superen el nivel mínimo de forma reiterada.

Parece sensato refundir ambos sistemas en uno solo, preservando los elementos positivos de cada uno; sin embargo, lo que hace el proyecto presentado por el gobierno es eliminar la primera evaluación y mantener la segunda, eliminando así normas que colaboran con el aseguramiento de un mejor ejercicio docente, factor clave para la calidad de la educación. Primero, sin perjuicio de que se pueda seguir desvinculando, se suprime la posibilidad de que los equipos directivos puedan hacerlo. Actualmente, la normativa educacional tiende a menoscabar el liderazgo directivo y esta era una de las pocas atribuciones que les otorgaba cierta flexibilidad en el manejo de sus equipos, algo que en el sector público es muy escaso y valorado.

El Sistema de Desarrollo Profesional Docente tiene el defecto de excluir de la toma de decisiones al equipo directivo, toda vez que la evaluación docente es centralizada y administrada por el Mineduc, así como también la remuneración asociada al desempeño. Y, peor aún, a diferencia de la antigua evaluación, la que contempla este sistema deja de ser obligatoria una vez que el docente alcanza un determinado resultado en su evaluación, de manera que basta que un profesor obtenga una buena evaluación en una oportunidad para que pueda seguir ejerciendo a pesar de no actualizar sus conocimientos ni adaptarlos a las necesidades contingentes de sus alumnos.

El proyecto que está en tramitación en la Cámara Alta ha sido objeto de una serie de indicaciones con el fin de perfeccionarlo, donde cabe esperar que estos aspectos puedan ser abordados con el fin de que la iniciativa cumpla plenamente su propósito.