Preocupante alteración del orden público

Es evidente que debido al fuerte interés que congrega el combate a la pandemia, otros hechos de la agenda del país han pasado algo más inadvertidos. Es el caso de lo que está comenzando a suceder en materia de orden público y seguridad ciudadana, donde crecientemente se están sumando casos tanto en Santiago como en regiones -algunos de ellos revistiendo especial gravedad-, lo que demanda una pronta y decidida respuesta de la autoridad.

Aun cuando producto de los confinamientos, toques de queda y en general por la menor actividad que presentan las ciudades, los delitos de mayor connotación han presentado una considerable disminución a nivel nacional, existen zonas donde se ha registrado un notorio aumento del robo con violencia e intimidación, como por ejemplo en las comunas de Maipú y Pudahuel en la Región Metropolitana, con incrementos que en algunos casos superan el 50% en relación a igual período del año pasado. En otros puntos de la capital se han reportado aumentos de ataques desde motocicletas, “portonazos” y asaltos a residencias. Vecinos de Santiago Centro ayer realizaron una protesta para visibilizar los problemas que les ha ocasionado la delincuencia y el abandono que acusan por parte de las autoridades.

Hechos más graves han ocurrido en la Región de La Araucanía así como el Biobío, donde se han reactivado los ataques de grupos radicalizados enarbolando motivaciones de la causa indígena. Múltiples quemas de camiones, ataques a instalaciones así como a vehículos -incluso con armamento- constituyen un grave retroceso, alterando gravemente la vida de los habitantes e introduciendo dificultades aún mayores a los devastadores efectos que ya produce la pandemia. Un reciente ataque con explosivos en un puente de la provincia de Arauco tuvo connotaciones de carácter terrorista. 

La autoridad ha tomado nota de estos hechos, y el viaje que ayer realizó el ministro del Interior a La Araucanía -para tratar estos temas así como los efectos del Covid-19- constituye una positiva señal, que vino acompañada de anuncios del reforzamiento de la dotación policial. Sin embargo, es evidente que se requieren esfuerzos de mayor alcance, siendo evidente que el trabajo de inteligencia y prevención no ha logrado rendir todos los frutos esperados, siendo una de las mayores falencias.

A la par de estos hechos, han comenzado a reactivarse protestas en el contexto de la movilización social. Los incidentes en la Plaza Baquedano en la capital -aunque lejos de la intensidad de hace algunos meses- tienden a multiplicarse, y en ciudades como Antofagasta han alcanzado niveles abiertamente peligrosos, con escenas de vandalismo a ratos fuera de control. Es acertado que la Mesa Social Covid haya emitido una declaración haciendo ver la improcedencia de que se realicen manifestaciones justo en medio de la crisis sanitaria, cuando el distanciamiento social ha de ser la principal regla que debe observar la ciudadanía. Las legítimas reivindicaciones han de encontrar su momento para expresarse, pero claramente éste no lo es, y cabe esperar que esas conductas irresponsables no continúen. Si además de aglomeraciones estas movilizaciones van acompañadas de violencia, el Ministerio del Interior así como la Fiscalía no pueden permanecer indiferentes.