Preocupante balance de irregularidades en municipios

Un balance particularmente preocupante deja 2023 en materia de casos de corrupción. A los líos de platas vinculados a fundaciones -cuyas ramificaciones se extienden a todas las regiones del país- también se han sumado innumerables casos de irregularidades que se han ido destapando en municipios, algunos de los cuales han tenido este año fuerte protagonismo mediático. Ha sido el caso de la compra de inmuebles con sobreprecio en Santiago y Las Condes, los cuestionamientos a la ex alcaldesa de Maipú -quien será formalizada en enero por fraude al Fisco y falsificación de instrumento público-, o el “caso LED”, que se ventila desde 2020 y que ya tiene bajo investigación a una veintena de municipios.

Un catastro que fue dado a conocer por este medio, sobre la base de antecedentes de la Unidad Anticorrupción del Ministerio Púbico, da cuenta de que a nivel nacional hay 642 causas abiertas por distintos delitos, como malversación de caudales públicos, falsificación de documentos, fraude al Fisco y blanqueo de capitales, en todos los cuales aparecen involucrados alcaldes y/o funcionarios municipales. Estas causas están repartidas a lo largo de todo el país, de manera que ninguna región se exime de contar a lo menos con algún municipio investigado. A su vez, el Consejo de Defensa del Estado tiene presentadas 90 acciones criminales en todo el país con el fin de buscar la devolución de cuantiosos recursos.

Estas cifras están dando cuenta no solo de que a nivel municipal los casos de corrupción ya no pueden considerarse como “aislados” o excepcionales, sino que dan cuenta de un enquistamiento de prácticas irregulares. Si se ha llegado hasta este punto, es porque los mecanismos de fiscalización para controlar los recursos gastados por los municipios parecen no ser suficientes. El hecho de que las reelecciones de alcaldes fueran limitadas significó un paso muy importante, porque en varios casos permitió que las nuevas autoridades sacaran a la luz pública manejos turbios que se mantenían ocultos. Pero la masificación y profundidad de los casos conocidos obliga a ir más allá y replantearse la necesidad de revisar la actual institucionalidad, de modo de asegurar una mejor supervisión.

Los municipios manejan abundantes recursos; al ser entidades que no forman parte del gobierno central cuentan con espacios de autonomía importante, facilitando la discrecionalidad. El hecho de que muchas municipalidades manejen una serie de servicios mediante la conformación de corporaciones de derecho privado, también ha dificultado la fiscalización por parte de Contraloría. Los estándares de transparencia a los que están sujetos las reparticiones municipales deben claramente ser reforzados, lo mismo que las facultades con que cuenta la Contraloría. Esto requiere ir a un ritmo mucho más rápido; por ejemplo, recién acaba de ser aprobado por la Cámara un proyecto que data de 2021 y que modifica distintos cuerpos legales en materia de transparencia, fiscalización y probidad de las corporaciones municipales y funcionales, el cual debe ser ahora tramitado por el Senado.

Poner pronto atajo a las prácticas corruptas debe ser un objetivo prioritario para 2024. El uso irregular de los recursos públicos degrada las instituciones y golpea directamente la calidad de vida de la población, especialmente de los más vulnerables, pues son fondos que dejan de invertirse en las necesidades sociales, y genera un espiral que alimenta más casos de corrupción.