Preocupante daño a la imagen de la Corte Suprema

La apertura de una investigación en el marco de la Comisión de Ética de la Corte Suprema que involucra a los magistrados Ángela Vivanco, Jean Pierre Matus, Mario Carroza y María Teresa Letelier -por estos días un abogado también presentó una denuncia ante la misma instancia en contra del ministro Sergio Muñoz por el llamado “caso Fundamenta”- ha dado pie a una suerte de guerrilla comunicacional al interior del máximo tribunal, una situación ciertamente bochornosa y que se aleja completamente de los estándares que cabrían esperar del órgano rector del Poder Judicial.

Desde que trascendieron unos comprometedores chats a raíz de las pericias realizadas a los teléfonos del abogado Luis Hermosilla y del exmagistrado Juan Antonio Poblete -este último indagado en el “caso Topógrafo”-, ha sobrevenido un revuelo político y judicial cuyas implicancias todavía no terminan de decantar. En algunos de esos mensajes aparecieron los nombres de los magistrados aludidos -cada uno en situaciones diferentes-, algo que naturalmente generó fuerte inquietud en la ciudadanía, porque a partir de dichas comunicaciones en principio podrían configurarse casos de influencia indebida o actuaciones reñidas con principios éticos elementales.

Así, el ministro Matus enfrenta cuestionamientos por supuestas gestiones de su parte con Hermosilla con el fin de favorecer su nominación para integrar la Corte Suprema, algo que Matus niega rotundamente, señalando que esos chats no existen. El ministro Carroza, por su parte, habría hecho gestiones con Poblete para asegurar la nominación de un conservador de bienes raíces, en tanto que sobre la jueza Letelier se levantaron suspicacias sobre su nominación, luego de descubrirse que Poblete hizo gestiones incluso a nivel político para que ella integrara la quina. Ángela Vivanco, por su parte, probablemente enfrenta el caso más complejo de todos, porque su pareja -cuyo teléfono celular acaba de ser incautado en el marco de un proceso que abrió la Fiscalía- habría hecho gestiones para bajar a uno de los postulantes a fiscal nacional, ofreciendo a cambio una serie de beneficios.

Era evidente que frente a estas informaciones, que comprometen a varios de sus integrantes, la Corte debía reaccionar de alguna forma, pero en vez de convocar de inmediato a la Comisión de Ética el pleno inicialmente rechazó esta posibilidad -entregando explicaciones muy poco plausibles, pretendiendo desviar el debate hacia la importancia de introducir cambios en el sistema de nominación de los jueces, o la necesidad de dictar un código de ética-, y no fue sino por la ola de cuestionamientos que sobrevino que el presidente del máximo tribunal, ejerciendo sus facultades, convocó a dicha comisión. Con esta decisión se dio un paso importante para efectos de enfrentar este complejo caso y de esa forma intentar brindar a la ciudadanía garantías de que se estaba actuando con transparencia y voluntad de investigar cada uno de estos casos.

Pero en vez de manejar este caso con la sobriedad y diligencia que se esperaría, permitiendo que la Comisión de Ética actúe sin interferencias de ningún tipo, cada quien ha comenzado a desplegar sus propias estrategias, ventilando públicamente sus impresiones y críticas al proceso, lo que desde luego no solo ha tensionado fuertemente el ambiente interno del máximo tribunal, sino que además quedan dudas sobre la verdadera voluntad de algunos de los magistrados cuestionados para aclarar con rapidez y total transparencia los hechos que podrían comprometerlos.

La ministra Vivanco, por ejemplo, no se dio por notificada de que se había abierto una investigación en su contra, alegando una serie de vicios en el proceso y exigiendo que se indique con precisión en qué chat aparece involucrada, alegando que ella no figura en ninguna de estas comunicaciones. También solicitó la inhabilidad de dos de los integrantes de la comisión. El ministro Matus, por su parte, ha hecho puntos de prensa para dar su versión, señalando además que los supuestos hechos por los que se le investiga tuvieron lugar cuando él no era parte del Poder Judicial, solicitando que en su caso se deseche esta investigación ética. Los ministros Carroza y Letelier han optado por el camino de no amplificar mediáticamente su situación, pero reservadamente también han hecho ver su molestia con determinadas situaciones.

Es claro que la propia Corte también ha cometido errores en el manejo de este caso, como la sucesión de numerosos plenos sin tomar decisiones, haber desechado inicialmente convocar a la instancia ética, o dar a entender que una parte del pleno cerraba filas con su presidente, creando la impresión de que hay “bandos” internos.

Llama asimismo la atención que respecto del ministro Muñoz no se haya activado ninguna instancia ética pese a que en 2022 se conoció el testimonio de una ejecutiva de la inmobiliaria Fundamenta, según el cual la hija del ministro buscó desistirse de la compra de un departamentos de dicha inmobiliaria -proyecto que enfrentaba problemas en el Tribunal Ambiental-, por información privilegiada que habría recibido del propio Muñoz, y solo recién ahora sea discutido en el pleno, más allá de que el ministro no cuestionó la recusación de que entonces fue objeto para que no conociera recursos relacionados con este caso.

Este conjunto de episodios da cuenta de que no ha existido el debido celo para cuidar la imagen de la Corte Suprema. Ya es suficientemente bochornoso que una entidad como esta tenga a parte de sus miembros ventilando públicamente sus posturas, pero además resulta insólito que dichas posiciones den a entender que lo que en realidad se buscaría es eximirse de los estándares de revisión establecidos por la propia Corte. En ese orden de cosas, cuando altos magistrados parecieran no querer ser escrutados en sus actuaciones se advierte una preocupante falta de comprensión sobre los exigentes niveles de transparencia que la sociedad demanda a las instituciones; en ese sentido, la insistencia en ventilar con tanta vehemencia las críticas al proceso también podría entenderse como un intento por desacreditar de antemano cualquier investigación. Que esto provenga de la máxima instancia judicial resulta aún más complejo, porque mientras el resto de la ciudadanía debe ajustarse a las reglas de cualquier proceso institucional, un sector del Poder Judicial pareciera pretender estándares diferentes.