Preocupante desconfianza en el sistema judicial
Ante la falta de expectativas de que la justicia haga eficazmente su trabajo, existe el riesgo de que se fomente la autotutela, decrece el interés por denunciar los delitos -lo cual perjudica la persecución penal- y cunde la sensación de desamparo entre la población.
La última encuesta Bicentenario UC ha arrojado preocupantes resultados sobre la percepción de los chilenos respecto del Poder Judicial. Así, por ejemplo, un abrumador 80% estima que los jueces no se comportan del mismo modo frente a ricos y pobres; el 54% estima que están manejados por el gobierno de turno, y solo el 34% cree que estos actúan según lo que manda la ley. Apenas el 18% cree que el sistema de justicia es eficaz para resolver y sancionar la mayor parte de los casos, mientras que el 76% estima que el contacto con el sistema ante una denuncia les sirvió de poco o nada. No debe sorprender que la confianza en el sistema arroje niveles bajísimos.
Los reducidos niveles de confianza hacia el sistema judicial han sido largamente diagnosticados -por ejemplo, la encuesta CEP agosto-septiembre apenas arrojó 16% de confianza tanto para los tribunales como para el Ministerio Público-, mientras que la reciente encuesta OCDE sobre Factores de Confianza en Instituciones Públicas, mostró que mientras entre los países del bloque el 54% de la población tiene una alta o moderada confianza en la justicia, en el caso de Chile dicho porcentaje apenas alcanza al 25%, la mayor brecha en todo el informe.
No cabe duda de que nuestro sistema judicial ha sido especialmente golpeado este año, sobre todo a raíz del caso Audio, que incluso llevó a la destitución de una jueza de la Corte Suprema. Otros integrantes del máximo tribunal también se han visto salpicados por situaciones comprometedoras -otro de sus miembros también fue destituido, en este caso porque habría buscado favorecer los intereses patrimoniales de su hija-, en tanto que una serie de fiscales o exfiscales también se han visto implicados por sus vínculos con el abogado Luis Hermosilla. A todo ello se suman aspectos que van más allá de lo coyuntural, como la ola delictual que afecta al país, donde para muchos chilenos los tribunales y los persecutores no van a la velocidad que una situación como esta requeriría. Que además existan percepciones negativas respecto de cómo se tratan los casos según el nivel socioeconómico de las víctimas agrava aún más la situación.
Ciertamente que debe ser motivo de preocupación que existan estos elevados niveles de desconfianza hacia los principales actores del sistema judicial. Desde luego, ante la falta de expectativas de que la justicia haga eficazmente su trabajo, existe el riesgo de que se fomente la autotutela, decrece el interés por denunciar los delitos -lo cual perjudica la persecución penal- y cunde la sensación de desamparo entre la población. Esto puede ser un caldo de cultivo que favorezca los populismos -con la eterna promesa de la “mano dura”- o dar pie a reformas muy inconvenientes, como es el caso de México, donde todos los jueces estatales y federales serán reemplazados por otros elegidos mediante votación popular, comprometiendo la independencia del Poder Judicial.
Aunque revertir la desconfianza ciudadana es un proceso muy complejo, es fundamental que desde ya se avance en la reforma que busca reemplazar el actual sistema de designación de jueces por otro que ante la ciudadanía dé más garantías de imparcialidad, y desde luego es tarea pendiente indagar si los criterios aplicados por los tribunales generan espacios de inequidad. También cabe poner atención en la forma cómo el Ministerio Público aborda los delitos más frecuentes que afectan a la población, porque aun cuando el sistema pueda considerar que en muchos casos se trata de delitos “menores”, para los afectados la realidad es muy distinta.
