Preocupantes amenazas a los fiscales

Hace algo más de un año, en menos de un mes dos fiscales fueron asesinados en Ecuador y Colombia, hechos que causaron especial conmoción atendida no solo su brutalidad, sino que se trataba de persecutores que estaban o habían estado en la investigación de las operaciones de organizaciones criminales asociadas al narcotráfico.

En nuestro país si bien no se ha llegado a tales extremos, igualmente hay hechos que son especialmente preocupantes en relación con la seguridad de los fiscales, quienes finalmente son los que deben encabezar las investigaciones sobre los hechos que revisten caracteres de delito.

De allí la relevancia de la segunda encuesta de seguridad levantada por la Asociación Nacional de Fiscales -cuyas principales conclusiones fueron publicadas por este medio- y que recoge la opinión del 60% de sus asociados en relación con las condiciones en que deben desempeñar sus funciones. Llama especialmente la atención que 192 fiscales señalen haber sido amenazados de distinta forma, que el 72% se sienta menos seguro en los tribunales que en la vía pública o en los lugares donde se han verificado hechos que son objeto de su investigación, y que 21 hayan sido agredidos físicamente mientras trabajaban.

Y si bien se han implementado una serie de medidas de protección personal para varios de los fiscales -desde el refuerzo de la seguridad de sus autos hasta ser acompañados por un funcionario de Carabineros o de la PDI, y una atención especial a la investigación de las amenazas por parte del Ministerio Público-, hay circunstancias que a juicio del 20% de los encuestados hacen que el problema se haya agravado y que un 70% señale que no se ha cumplido el convenio celebrado el año pasado entre la Defensoría, el Ministerio Público y el Poder Judicial para garantizar mejores condiciones de seguridad.

Sin duda las características de la delincuencia han cambiado en los últimos 10 años, con organizaciones criminales extranjeras instaladas en el país, barrios completos en distintas ciudades controlados por el narcotráfico y modalidades de delitos que han mutado con delincuentes más avezados, un uso de armas generalizado en su comisión y con mayor violencia hacia las víctimas. Ello impone nuevos desafíos para su investigación y persecución, pero a la vez exige que no se debe dar espacios para el amedrentamiento directo o indirecto de quienes deben desarrollar esa función, lo cual no solo depende de que existan mayores penas para quienes agredan o atenten contra los fiscales, sino que permitan condiciones totalmente seguras en el acceso y desempeño de sus funciones en los tribunales.

Es fundamental que en un contexto donde el crimen organizado extiende cada vez más sus tentáculos, el Estado asuma su responsabilidad en dar garantías a la integridad personal y familiar de los fiscales, no solo para salvaguardar la debida independencia y autonomía propia de su labor, sino para evitar que también se instale el riesgo como un disuasivo para los abogados que aspiren a desempeñarse como fiscal del Ministerio Público.