Preocupantes dudas en empleo público

A fines de marzo, los datos de la Encuesta Nacional de Empleo del trimestre diciembre 2022-febrero 2023 indicaban que durante los últimos doce meses se crearon 86.600 puestos de trabajo en el sector público. Esta cifra alertó a los principales analistas y expertos, los que exigieron una explicación al gobierno. A partir de ahí se sucedieron una serie de declaraciones y errores. El gobierno se desmarcó, indicando que no existían datos para confirmar la evidencia de ese aumento en el empleo público. El INE indicó inicialmente que la variación estaba dentro del margen de error y posteriormente lo corrigió, asegurando que sí era factible que el empleo público haya crecido en esa magnitud. Ayer, dicho organismo, en un inédito y confuso comunicado, salió nuevamente a justificar la consistencia de los datos de empleo público.

El problema de la desinformación en el empleo público se origina porque no existe una entidad en el Estado que consolide toda la información administrativa. El Gobierno General (GG) está conformado por el Gobierno Central -que incluye las instituciones asociadas a los tres poderes del Estado: el Ejecutivo, con los ministerios y servicios dependientes de estos; el Poder Legislativo, correspondiente al Congreso Nacional; y el Poder Judicial- a las que se suman las municipalidades. El gasto en personal anual del GG alcanza a US$ 22 mil millones, lo que representa cerca del 30% del gasto total. Esta cifra es significativa y por lo mismo digna de seguimiento y control de calidad, tanto sobre la dotación como de sus remuneraciones.

Para una parte del Gobierno General, es la Dirección de Presupuesto (Dipres) la que elabora las estadísticas de empleo público; para el resto, principalmente los municipios, no existe un responsable de consolidar la dotación total en forma periódica. El año 2020, en la Ley de Reajuste del Sector Público, se exigió a estas entidades descentralizadas enviar mensualmente su información de dotación a la Dipres, con lo que se esperaba consolidar en una institución toda la información de empleo público. Según lo señalado por el centro de estudios Horizontal, al solicitar la información por transparencia a la Dipres se constató que, a septiembre de 2022, menos de la mitad de los organismos descentralizados reportaban dicha información.

Resulta ciertamente insólito que, contando con todas las herramientas tecnológicas y legales, el Estado se encuentre tan retrasado en la simple función de censar periódicamente cuánta gente trabaja en el aparato público y controlar adecuadamente su evolución. Es evidente que, si nadie se encarga de supervisar que se cumpla la obligación de reportar esta información de parte de las entidades descentralizadas, las obligaciones legales no tendrán ningún efecto sobre los municipios y otras entidades que se encuentran hoy incumpliendo la ley.

Cabe esperar que esta coyuntura constituya una oportunidad y que la reactivación de la mesa tripartita entre el INE, Ministerio de Hacienda y Trabajo, a la cual se podría sumar la Contraloría, permitan asegurar en un plazo breve que el país contará con información completa, íntegra y oportuna para saber con exactitud cuánta gente trabaja en el Estado.