Preocupantes mociones parlamentarias

La crisis sanitaria y económica que vive el país ciertamente ha tenido efectos devastadores en muchas familias. Diversas encuestas que miden la situación del mercado laboral revelan que en el último año se han perdido unos dos millones de puestos de trabajo y unas 700 mil personas se encuentran acogidas a la Ley de Protección al Empleo, lo que supone una caída significativa en sus ingresos.

La respuesta regulatoria ante este complejo escenario debiera estar concentrada en reactivar -apenas la crisis sanitaria lo permita- la actividad, entregando señales de confianza al sector privado, manteniendo líneas de liquidez a empresas de todos los tamaños y creando incentivos a la inversión y a la generación de nuevos empleos. Un elemento esencial en este diseño debiera incorporar, además, un programa de reconversión laboral sustantivo, que reemplace al actual sistema de capacitación obsoleto e ineficiente.

Sin embargo, los parlamentarios, en vez de enfocarse en resolver el problema en su origen, han optado por una batería regulatoria para intentar abordar solo los síntomas, con escasa preocupación sobre sus perjudiciales efectos colaterales. Así es como se han promulgado leyes en el Congreso que prohíben el corte de servicios básicos ante no pago -a pesar de que voluntariamente las empresas ya habían establecido convenios de no pago con sus clientes- y avanzan otras iniciativas como la que suspende el pago de aranceles en la educación superior -poniendo en grave riesgo la solvencia del sistema-, aquella que busca la postergación de cuotas de los créditos de todo tipo o la que prohíbe embargos, remates, lanzamientos y subastas para bienes muebles e inmuebles.

Este último proyecto, que acaba de ser aprobado en la Cámara de Diputados y comenzará su trámite en el Senado, tiene múltiples externalidades negativas que impactan no solo al mercado financiero, sino además a miles de personas que tienen en arriendo sus inmuebles y que no podrán ejercer el legítimo cobro de sus alquileres ante la prohibición de desalojo impuesta por el proyecto, constituyendo un grave cambio en las condiciones en que estos contratos fueron suscritos y privando del legítimo derecho de propiedad de los dueños de inmuebles, sin compensación alguna, abriendo una manifiesta arista de inconstitucionalidad. Además, los efectos de la norma se extienden hasta doce meses después de terminado el estado de catástrofe, lo que es un tiempo considerable.

Es preocupante que los efectos de estas medidas puedan terminar provocando efectos sistémicos, que los parlamentarios parecen no querer ver. Al alterar contratos privados y prohibir por ley el legítimo derecho que tienen los acreedores o quienes prestan un servicio de cobrar sus acreencias -o en algunos casos al obligarse a los proveedores a prestar un servicio de manera gratuita-, no solo se puede afectar la disposición de pago de los chilenos, sino que se introducen obstáculos que pueden ir generando efectos de consecuencias imprevisibles. Si las personas dejan de pagar sus créditos por un tiempo prolongado, se afecta toda la cadena del sistema financiero, y si el dueño de una propiedad deja de percibir el arriendo, podría no tener cómo pagar las contribuciones de la propiedad, además de poder empujarlo a que incumpla con sus propias obligaciones financieras.

Sin duda que la situación que viven en Chile cientos de miles de familias es profundamente angustiante y las políticas públicas no pueden hacer caso omiso de una realidad ineludible, donde no cabe que el Estado escatime recursos para ir en ayuda de la ciudadanía. Pero impulsar medidas que en el afán de resolver problemas puntuales -sin discriminar entre quienes realmente necesitan la ayuda de aquellos que no la requieren- que hipotecan la solvencia del país en el largo plazo reflejan una clase política desorientada e incapaz de mirar sistémicamente. Es lamentable, además, que la discusión legislativa de estas iniciativas reemplace al proceso que debiera motivar el diseño, discusión e implementación de medidas que se aboquen a resolver los problemas de fondo que aquejan a las familias, como por ejemplo disponer de más y mejores subsidios para el arriendo.