Preocupantes señales de Venezuela

A comienzos de febrero, en un arresto de sinceridad el gobernante venezolano Nicolás Maduro aseguró que ganará las elecciones presidenciales de este año “por las buenas o por las malas”. Y hasta ahora parece claro que el camino elegido es el segundo. Pese a que a fines del año pasado un acuerdo entre la oposición y el gobierno venezolano, bajo la supervisión internacional, fijó una serie de puntos para dar garantías a todas las partes de la transparencia e igualdad de condiciones en el proceso, el régimen chavista no tardó en poner en cuestión lo pactado. Pese a que se estipulaba que “las partes reconocen y respetan el derecho de cada actor político de elegir a su candidato para las elecciones presidenciales de manera libre y conforme a sus mecanismos internos”, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, cooptado por el chavismo, suspendió la validez de las primarias de la oposición y mantuvo la inhabilidad para la candidata ganadora.

Pero la respuesta al camino elegido por la oposición para seleccionar a su candidato fue sólo el primer paso de un proceso sostenido de violación de los acuerdos firmados en Barbados, una evidencia más de que el régimen utiliza estas negociaciones simplemente para ganar tiempo y alargar su permanencia en el poder. Esto porque en enero pasado el propio Nicolás Maduro aseguró que el pacto estaba “herido de muerte” y esta semana la Asamblea aprobó una propuesta que viola otro de los puntos fijados, el que establecía que las elecciones serían en el segundo semestre del año. Esto porque el nuevo documento sugiere una serie de fechas, incluyendo una en mayo próximo y se deja en manos del Consejo Electoral, también cooptado por el régimen, la decisión final. Y a la par de ello, lejos de garantizar una igualdad de condiciones para quienes participen ha endurecido fuertemente la represión contra la oposición, elevando a más de 30 los detenidos desde enero.

La expulsión a mediados de febrero de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos fue otra señal más del nulo compromiso del régimen por el respeto de las garantías individuales de todos los ciudadanos y de llevar adelante este año un proceso electoral transparente. Más aún cuando la decisión se conoció pocos días después de la detención de la experta en seguridad y activista pro derechos humanos Rocío San Miguel, quien se mantiene aún virtualmente incomunicada y sin acceso a sus abogados. El hecho dio cuenta de que el régimen está dispuesto a elevar la apuesta para mantenerse en el poder, violando no sólo los acuerdos alcanzados sino profundizando su aislamiento internacional. Con un apoyo que según varios sondeos apenas supera el 10%, el régimen tiene claro que en unas elecciones libres y abiertas sus posibilidades de triunfar son virtualmente nulas, por ello ha optado por endurecer su estrategia.

Frente a ello es importante que la comunidad internacional endurezca su postura frente un régimen que se ha convertido en un serio factor de desestabilización y crisis en la región. En ese sentido es bienvenida la declaración de 65 personalidades latinoamericanas lideradas por Michelle Bachelet llamando a redoblar los esfuerzos para evitar “la consolidación de las tendencias dictatoriales” en ese país, pero está lejos de ser suficiente. Las últimas décadas demuestran las consecuencias de que algunos países y líderes regionales hayan mantenido una posición condescendiente con el régimen.