Preocupantes señales desde la política

El proyecto de ley destinado a realizar las próximas elecciones de octubre en dos días, además de introducir una serie de cambios en la legislación electoral, ha ido enturbiándose cada vez más en la tramitación parlamentaria, a raíz de las diferencias que han surgido entre la Cámara de Diputados y el Senado.

Desconcertante resulta el hecho de que la Cámara haya desestimado introducir sanciones a quienes no concurran a votar -el proyecto del Ejecutivo contemplaba multas que iban entre unos $32 mil y $200 mil, algo que en primer trámite había sido aprobado por el Senado-, lo que de terminar consagrándose implicaría en los hechos un socavamiento del voto obligatorio. Tampoco es una buena señal que los parlamentarios todavía no hayan logrado un acuerdo respecto del reembolso por voto a los partidos y candidatos, siendo una interrogante si prosperará la intención del Ejecutivo de establecer una disminución de dicho pago -algo que sí fue acogido en la Cámara, pero no aún en el Senado-, pues en un esquema de voto obligatorio debería votar un alto número de electores y con ello el reembolso fiscal aumentará significativamente, estimándose a lo menos en unos $30 mil millones.

Las diferencias entre la Cámara y el Senado deberán zanjarse ahora en una comisión mixta, donde cabe esperar que se logre llegar a buen puerto y prevalezca ante todo la racionalidad, porque es evidente que los argumentos que se han escuchado hasta ahora desprestigian gravemente la imagen del Congreso y de la política en general, al aparecer defendiendo los propios privilegios.

Desde luego, las razones que se escucharon en la Cámara para eliminar las sanciones a quienes no votan resultan pueriles, postura que sobre todo fue sostenida por sectores del oficialismo. Uno de los argumentos fue que los montos que contempla el proyecto resultan demasiado elevados, de modo que rechazando se da la oportunidad para rebajarlos. Esto desde ya resulta discutible, considerando que la iniciativa está replicando las mismas multas que fueron aprobadas para la elección del Consejo Constitucional, lo que en su momento no fue objetado. Quienes sostienen esta postura, deberían haber considerado ante todo que al eliminar todo tipo de sanción el voto obligatorio pierde completa eficacia, y por ese solo hecho lo torna en la práctica como un sufragio voluntario, induciendo a que la votación termine siendo dirimida por los sectores más movilizados, y no por las grandes mayorías. Es ciertamente lamentable que esta pertinacia se preste además para suspicacias, pues distintas voces han hecho ver que detrás de ello lo que se buscaría es que voten menos electores, porque supuestamente ello podría favorecer más a determinados sectores de izquierda.

En cuanto al reembolso electoral, ha sido en el Senado -especialmente en sectores oficialistas- donde se han encontrado las mayores resistencias. En primer trámite el Senado rechazó la propuesta del Ejecutivo, mientras que en la Cámara se acogió una nueva indicación del gobierno, que reduce los montos por voto, pero a su vez garantiza un piso. Esto fue rechazado en la Cámara Alta, sin que se hayan logrado entregar razones convincentes para ello. No sería entendible para la ciudadanía que los partidos aparezcan capturando más recursos públicos cuando bajo un esquema de voto obligatorio las campañas deberían costar incluso menos que con el voto obligatorio, porque ya no hay necesidad de movilizar a los electores.