Preocupantes señales para la democracia mexicana

En diciembre del año pasado el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, intentó, sin éxito, aprobar una profunda reforma política que incluía, entre otras cosas, la transformación del actual Instituto Nacional Electoral (INE), cambiando su composición y recursos. La iniciativa fracasó por la falta de apoyo en el Congreso. Al ser una reforma constitucional, el Mandatario mexicano requería de dos tercios para despachar la medida y actualmente su sector sólo suma una leve mayoría en ambas cámaras del parlamento. Pero pese a las masivas protestas en contra de la iniciativa, que coparon importantes avenidas de Ciudad de México y varias ciudades del país, el gobernante mexicano persistió en su idea e impulsó lo que calificó como el “Plan B”.

La propuesta alternativa, que fue finalmente aprobada el mes pasado en el Congreso, si bien es menos ambiciosa que la primera al tratarse sólo de una reforma legal -por lo que requería de una mayoría simple para ser aprobada-, igualmente compromete la labor del principal órgano electoral del país, encargado de velar por la transparencia y confiabilidad de los procesos electorales. Los cambios aprobados no sólo afectan su autonomía y bajan en más de un 80% el presupuesto del INE, sino que, además, disminuyen en igual proporción el número de funcionarios del organismo y se elimina el personal especializado. Uno de los puntos más críticos es que se reduce de cinco a sólo uno los vocales en las 300 juntas distritales del país, responsables de la inscripción de votantes y la habilitación de las mesas de sufragio. Cada junta reúne poco más de 300 mil electores.

Los cambios comprometen seriamente las capacidades operativas de un organismo clave para el buen funcionamiento de la democracia. Esa institución autónoma, creada como Instituto Federal Electoral (IFE) en la década de los 90, fue decisiva para que México recuperara en plenitud la democracia y dejara atrás más de 70 años de gobiernos del PRI, iniciando un periodo de alternancia en el poder entre distintas fuerzas políticas. Todo ello está seriamente comprometido por las medidas impulsadas por el gobierno de López Obrador, quien acusa a esa instancia de un gasto excesivo y de estar copada por sectores conservadores. Sin embargo, fue precisamente esa institución, operando bajo las condiciones actuales, la que validó el triunfo del actual Mandatario en la elección de 2018.

La historia reciente de América Latina ofrece dramáticos ejemplos de lo que sucede cuando gobiernos que llegan al poder democráticamente, terminan subvirtiendo desde el interior las normas que rigen a todo sistema democrático, interviniendo instituciones claves como el organismo electoral encargado de velar porque la ciudadanía pueda manifestar sus preferencias políticas en comicios limpios y transparentes. La reforma legal aprobada en México aún tiene que ser revisada por la Corte Suprema, tras la presentación de un recurso por parte del propio INE, que acusa una merma en su autonomía y sus capacidades. Pero al margen de la decisión que tome la máxima instancia judicial, los pasos dados hasta ahora por el gobierno de López Obrador deberían motivar un atento seguimiento de los organismos hemisféricos. Lo sucedido en otras naciones del continente son un precedente que no puede obviarse.